La nueva Ley del Aborto es una de las normativas pendientes de aprobación que más quebraderos de cabeza está ocasionando dentro del seno del Gobierno de Pedro Sánchez. Aunque de forma genérica se le denomina así, del Aborto, incluye varios apartados que van más allá de la interrupción del embarazo.

Uno de ellos es la posibilidad de eliminar el IVA en los productos de higiene femenina (compresas, salvaslips y tampones) y también en los pañales. La ministra Irene Montero, la principal valedora de esta medida, comparó estos productos, esencialmente los femeninos, con las mascarillas y test de antígenos, productos a los que sí se les redujo este impuesto al empezar a ser considerados de primera necesidad en los peores momentos de la pandemia. "Igual que en esta emergencia sanitaria hemos visto que hay productos, como las mascarillas o los tests de antígenos, que, cuando son necesarios, no pueden estar sometidos estrictamente a las reglas del negocio, sino que tienen que estar sometidos también a la regla de los derechos para que todo el mundo pueda acceder a ellos; también esto debe pasar con productos como los de higiene femenina", aseguraba Montero.

Lo cierto es que las mujeres sangran entre 3 y 7 días todos los meses y usa alrededor de 15.000 productos relacionados con la menstruación desde su primera regla hasta que comienza la menopausia. Da igual que quieran o no, da igual el lugar en el que vivan o su nivel económico. Y justamente este apartado económico es lo que se quiere tratar en esta ley, para reducir las situaciones de "pobreza menstrual", según la ministra Montero.

¿Cuál es el precio de los productos de higiene femenina?

Actualmente, estos productos de higiene íntima tienen su precio condicionado con un IVA del 10%. La petición recogida en esta Ley del Aborto sería suprimir ese porcentaje, es decir, reducirlo al 0%. Los productos sobre cuyos precios se aplicará este descuento se han tipificado como productos de gestión menstrual y otros relacionados con las responsabilidades de cuidados.

También se prevé que este tipo de productos, a su vez, se reparta gratuitamente en centros educativos, penitenciarios y sociales para que las mujeres en situación de vulnerabilidad no tengan que cargar con los costes y puedan mantener su higiene y salud.

Esta ley, de nuevo, tendrá otros muchos apartados, como la tipificación de los vientres de alquiler como violencia contra la mujer, la eliminación del consentimiento paterno obligatorio para que chicas de 16 y 17 años puedan abortar o incluso la posibilidad de solicitar bajas de hasta cinco días por motivos de una regla incapacitante o dolorosa. No obstante, el apartado económico de reducción de impuestos sobre ciertos productos de higiene femenina y su disponibilidad gratuita en centros de lo más diverso es uno de los más tratados en años recientes, siendo uno de los platos fuertes de las propuestas de PSOE y Podemos para alcanzar el gobierno.