La realidad de muchos empleados por "cuenta propia" hace que estos trabajen más por menos. El poder adquisitivo acaba por los suelos, la independencia es escasa. En el otro lado, el beneficio para las empresas es altísimo. Los llamados "falsos autónomos" están muchos sectores. Aunque en España en los últimos años, este tipo de empleado ha estado fuertemente vinculado al rider. Ese repartidor de comida a domicilio que se ve cualquier día a toda prisa por las calles de Cádiz o de cualquier otra localidad. Según datos de El País, la mayoría se concentra en el sector del transporte y almacenamiento.

La confirmación de que Trabajo se toma en serio este fraude se encuentra en una noticia de esta misma semana de finales de enero. Glovoo ha recibido fuertes sanciones, de hasta 47 millones de euros, por emplear a falsos autónomos y contar con mano de obra extranjera en situación irregular. La feroz campaña del Ministerio de Trabajo para acabar con los falsos autónomos se inició con la entrada en vigor de la conocida ley rider en agosto de 2021. Una reciente propuesta de enmienda a la ley hasta dobla la apuesta: las compañías podrán enfrentarse a penas de entre 6 meses y 6 años de prisión.

¿Qué es un falso autónomo?

Un trabajador por cuenta ajena dado de alta en la Seguridad Social como autónomo. Sin embargo, a efectos prácticos, trabaja para una única empresa, con turnos y horarios plenamente dictados por esta. Simplemente, los gastos de Seguridad Social corren por cuenta del empleado, ahorrándose una importante suma de dinero a compañía. A su vez, sobre el papel, estos falsos autónomos guardan exclusividad a esa empresa, que se convierte en único pagador.

Trabajo se lanza contra las empresas con falsos autónomos

Una de las obsesiones actuales del Ministerio de Trabajo es erradicar por completo esta práctica que vulnera los derechos laborales de muchos empleados. Tanto es así que las inspecciones de Trabajo en 2022, lograron regularizar la situación de casi 40.000 trabajadores.

El endurecimiento de la ley, además de las penas de cárcel, contempla fuertes multas. El caso de Glovoo es un ejemplo. Las multas establecidas por infracciones oscilan entre los 3.000 y los 10.000 euros. También se considera constitutivo de delito cuando las cuotas defraudadas a la Seguridad Social sobrepasan los 50.000 euros.