Alfonso Alonso anunció ayer, en su primera intervención en el Congreso como ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que el Gobierno está trabajando para que la valoración de riesgo de las víctimas de violencia machista se pueda realizar cada dos meses y no cada cuatro o cinco, como se hace hasta ahora.

Después de que el lunes dos mujeres fueran asesinadas a manos de sus ex parejas y de que una tercera resultara herida, Alonso condenó estos crímenes "espantosos" en esta semana "muy dura" y reafirmó el compromiso del Gobierno y de su ministerio para que la lucha contra la violencia machista "sea una absoluta prioridad".

Así se estrenó Alonso como ministro en el pleno del Congreso de los Diputados, donde respondió a una pregunta de la diputada socialista Carmen Montón sobre la línea que va a seguir su Ministerio y si va a rectificar la política de Ana Mato "en contra de las mujeres".

Alonso insistió en su voluntad de intentar llegar a un consenso en materia de violencia de género para dar confianza a las víctimas y en que denuncien, y avanzó que su departamento y los de Interior y Justicia están trabajando para mejorar el cuestionario de valoración de riesgo y aumentar así la protección de las mujeres. En concreto, avanzó que se incrementará la frecuencia con la que se realiza este cuestionario a las mujeres en riesgo de sufrir violencia machista y, en lugar de cuatro o cinco meses como se realizaba hasta ahora, se llevará a cabo cada dos.

Por otro lado, representantes de más de una docena de asociaciones de mujeres se reunieron ayer con un equipo del grupo parlamentario socialista en un encuentro en el que expusieron que "un maltratador no puede ser un buen padre" y reivindicaron la adopción de medidas para protegerles de la violencia de género que ejercen sobre sus madres.

En este sentido, la abogada de Women's Link Gema Fernández recordó el caso de Ángela González que acarreó una condena de la ONU a España por no proteger ni a la mujer ni a su hija, asesinada por el padre maltratador y reiteradamente denunciado durante el régimen de visitas. "Es un caso ejemplar y muy similar a otros tantos casos que siguen ocurriendo", explicó, en relación a los jueces que imponen un régimen de visitas o de custodia habiendo precedentes de violencia de género "poniendo en peligro los derechos de las mujeres y de sus hijos".

Fernández recordó que el dictamen de condena a España se emitió hace 132 días, sin que desde el Ministerio de Justicia se haya respondido a las exigencias de la condena, que impuso la reparación de la víctima y la adopción de medidas tendentes a que no se repita, como formación específica para jueces sobre violencia machista.