El número de dependientes con prestación se ha reducido en los últimos seis meses en 12.438 personas, lo que supone que cada día en este periodo 70 beneficiarios han sido expulsados del Sistema para la Atención a la Dependencia (SAAD), según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia.

En el informe, que puntúa también el desarrollo del SAAD por parte de las comunidades autónomas y que fue presentado ayer, destaca Castilla y León, seguida de País Vasco y La Rioja, mientras que a la cola se sitúan la Comunidad Valenciana, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y Canarias.

El dictamen, que evalúa cada seis meses la aplicación de la ley, destaca en esta ocasión que la mayoría de las comunidades bajan su puntuación con respecto a informes anteriores. Sólo Castilla y León, con una puntuación de un 9,6, País Vasco, con 8,3, y Cantabria, con un 5,8, suben y en este último caso, la comunidad cántabra es la que más ha mejorado su aplicación de la ley al remontar un 4,2.

En general, según las puntuaciones del Observatorio, la implantación de la ley sigue empeorando al pasar de una puntuación media de 4,72 puntos -en diciembre de 2012- a 4,48 en junio de este año. De hecho, en esta ocasión la nota es la más baja desde que el Observatorio comenzó a analizar los datos del SAAD, en 2008 (al año siguiente de la aplicación de la ley).

Las comunidades que peor nota registran son la Comunidad Valenciana (0,4), las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla (1,3), Canarias (1,7), Baleares (2,5) y Madrid, 2,9, según la evaluación que realizan los profesionales de los centros de asuntos sociales.

El presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales subrayó que el Gobierno le ha dado "la puntilla" a la ley de la dependencia para que ésta "muera de inanición", una "cruda realidad", que aseguró que afecta a más de un millón de personas.

Según los datos del Observatorio, en la actualidad 748.000 personas reciben atenciones, 20.605 menos que hace un año y 12.438 menos que hace seis meses.

Las comunidades autónomas deberán acreditar cada mes en qué gastan el dinero que les da el Estado para desarrollar la ley de dependencia para continuar cobrando esa cantidad, según explicaron fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Las fuentes explicaron que lo que se pretende con que las autonomías justifiquen el dinero que reciben para la dependencia es una "mayor claridad" después de que el Tribunal de Cuentas detectara irregularidades en miles de expedientes de beneficiarios.