Siempre hay quien se beneficia de la desgracia ajena, o incluso propia, en este caso. Las primeras señales de alarma de que a causa de los estragos que la pandemia del coronavirus estaba causando en España, muy especialmente por el número de fallecidos, se estaban produciendo situaciones irregulares de abusos a consumidores o empresas saltó tras conocerse el incremento que algunas funerarias estaban llevando a cabo en sus tarifas. Poco después, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) abrió un buzón (covid.competencia@cnmc.es) de consultas y denuncias de prácticas anticompetitivas relacionadas exclusivamente con las normas de competencia en el contexto actual de la crisis.

Desde entonces, la CNMC ha recibido medio centenar de consultas y denuncias de particulares y empresas, algunas de las cuales han dado lugar ya al inicio de investigaciones, concretamente en los mercados financieros y de servicios funerarios.

El pasado 31 de marzo la CNMC anunció el lanzamiento del buzón con objeto de centralizar todas las denuncias y consultas relacionadas con la aplicación de las normas de competencia en el contexto del Covid19, un canal específico para denunciar, por ejemplo, abusos de posiciones dominantes mediante precios excesivos; acuerdos anticompetitivos entre operadores o conductas desleales consistentes en engaños masivos en bienes y servicios afectados por la crisis sanitaria.

Créditos ICO 

Las denuncias se refieren en su mayoría a posibles conductas anticompetitivas en los sectores financiero y de comercialización de bienes y servicios de primera necesidad. A la vista de dichas denuncias, la CNMC ha iniciado diversas investigaciones por posibles prácticas contrarias a la competencia. 

En lo que respecta al sector financiero, se está analizando la exigencia por parte de algunas entidades financieras de una garantía adicional (en particular, la suscripción de un seguro de vida) para la concesión de los préstamos garantizados con el aval del Estado (Líneas de crédito ICO) y de otras ayudas financieras derivadas de la normativa extraordinaria dictada para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En concreto, se analiza si tal exigencia “podría constituir una conducta desleal que, por falsear la libre competencia, afecte al interés público en un contexto de crisis derivada del COVID-19”, asegura la CNMC.

También se está investigando si los precios de las funerarias durante la crisis sanitaria podrían deberse a acuerdos anticompetitivos entre competidores o a conductas agresivas desleales realizadas con mala fe y susceptibles de mermar de manera significativa la libertad de elección de los destinatarios, que hay que recordar que son familiares de los fallecidos por la enfermedad.

Productos sanitarios

Por otra parte, el aumento de la demanda global de determinados productos de protección de la salud como los geles hidroalcohólicos está provocando sustanciales incrementos del precio de estos productos y de las materias primas que se emplean en su fabricación (etanol) empleados en su producción, además de situaciones de desabastecimiento en el mercado. Por ello, se está analizando de manera pormenorizada la evolución de estos mercados en España para identificar y, en su caso, sancionar la existencia de conductas anticompetitivas derivadas de tales incrementos de precio.