Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a los dueños de una funeraria y a dos de sus trabajadores por, presuntamente, vender cadáveres a universidades sin el consentimiento de los familiares. 

Los ahora detenidos habrían estado cobrando 1.200 euros por la venta de cada cuerpo, que retiraban de hospitales y residencias, para que los alumnos de las carreras de la salud pudieran hacer prácticas con ellos.

Además, volvían a facturar para retirar esos mismos cuerpos de la Facultad de Medicina una vez concluidos los estudios médicos y, por si faltaba algo, trampeaban para incinerarlos.

De esta manera, llegaron a facturar 5.040 euros a una de las universidades para realizar 11 incineraciones de cuerpos que los investigadores están analizando ahora porque no hay constancia de que se llegaran a hacer.

Su modus operandi

La investigación de este caso se inició hace unos meses, en 2023, después de que la Policía tuviera conocimiento de que se había retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de forma irregular por parte de dicha funeraria. Para llevar a cabo la operación esta empresa realizaba falsificaciones en el libro tanto de Registro Civil como en el del centro sanitario.

De esta forma los trabajadores de la funeraria se apoderaban de los cuerpos y lo trasladaban a la universidad para su estudio, en lugar de darle sepultura, como esperaban sus familiares. Fue de hecho un conocido de uno de los difuntos quien notificó que éste no había sido enterrado en su pueblo, como se esperaba.

Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban de que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar.

La investigación

A partir de ese caso, saltaron las alarmas y la Policía Nacional decidió profundizar más en la investigación, al sospechar que no se trataba de un caso aislado.

Así es como descubrieron que detrás de la funeraria había una trama de venta de cadáveres que, además, aprovechaban el desmembramiento de los cuerpos para colar los restos en otros féretros que sí iban a ser incinerados para deshacerse de los cadáveres sin pagar por ello.

Fruto de las pesquisas, los agentes localizaron otro caso con el mismo modus operandi, esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer, quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo. Pero, al igual que en ocasiones anteriores, era un documento falsificado.

 En este caso los investigadores pudieron constatar que el hombre tenía mermadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, según el comunicado de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación.

Además, dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra porque pagaba más dinero por el mismo. Para hacer este cambio posible engañaron al personal sanitario para que firmara el supuesto traslado del cuerpo.

Una vez las universidades finalizaban los estudios con los mismos, la ley obliga a que se hagan cargo de la incineración de los mismos. Y ahí entraba de nuevo la funeraria, que acordaba encargarse del proceso.

Cuando, en algunas ocasiones, había desmembramiento de cuerpos, introducían estos en otros féretros y se ahorraban el trabajo y el coste de tenerlos que incinerar mientras que a la universidad sí le cobraban por ello.

Una vez reunidas las pruebas de toda la actuación criminal, los agentes detuvieron a los responsables de la funeraria investigada, así como a dos trabajadores de la misma. Ahora podrían enfrentarse a los delitos de estafa, falsedad documental, organización ilícita y profanación de cadáveres.