La Ley de Tráfico establece que los "únicos criterios" que el Gobierno puede tener en cuenta para efectuar cambios en los límites de velocidad están relacionados con la seguridad vial. En esto se apoyan la empresa de gestión de multas Dvuelta y la plataforma Movimiento140 para recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la decisión del Ejecutivo de establecer en 110 kilómetros por hora el límite máximo que se puede alcanzar en autopistas y autovías. El Real Decreto que fija la reducción forma parte del plan de ahorro energético que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes y que entró en vigor este lunes.

Dvuelta y Movimiento140 consideran que el Real Decreto que baja el límite de velocidad a 110 kilómetros por hora es contrario a la Ley de Tráfico. Según alegaron en su recurso ante el TS, la normativa establece que, a la hora de fijar estos límites, el Gobierno sólo puede tener en cuenta criterios relacionados con la seguridad vial. "El ahorro energético no puede constituir la causa de reducción de los límites de velocidad, a tenor de la Ley de Seguridad Vial, puesto que tal particularidad no aparece recogida en ninguno de los artículos que contienen", subrayan. Por ello, reclaman "la suspensión urgente de la aplicación de la norma.

"La norma modifica además la tipificación de delitos contra la seguridad del tráfico, sin tener en cuenta el bien jurídico protegido", agregan. "Esa rebaja del límite penal resulta totalmente antijurídica", ya que "no guarda relación con el bien jurídico a proteger, que es la seguridad vial, la evitación de los accidentes, y las consecuencias de éstos". Los demandantes concretan que el Ejecutivo podría haberse acogido a la Ley del Sector de Hidrocarburos y haber invocado el estado de "escasez de suministro petrolífero". En tal caso, la modificación habría sido legal, según señalan. No obstante, ni se ha utilizado esta normativa ni se ha reconocido que España se encuentre en esta situación. Por ello, ambas consideran que el Real Decreto "vulnera igualmente esa Ley del Sector de Hidrocarburos".

Por todo ello, Dvuelta aconseja recurrir todas las sanciones impuestas por sobrepasar el límite de 110. Movimiento140 había recabado este lunes 27.000 firmas contra la reducción. Además, convocó una concentración para el próximo domingo 13 de marzo en la Puerta del Sol de Madrid. La Delegación del Gobierno en Madrid aprobó la manifestación el pasado miércoles. Varias asociaciones, foros y plataformas han anunciado que estarán en la convocatoria, que cuenta con el apoyo de la Plataforma HazteOit.org y la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC).

La Unión de Guardias Civiles (UGC) no tuvo reparos al afirmar que la medida es "una tomadura de pelo". A su modo de ver, "lo que interesa" al Ejecutivo reside en "las denuncias de tráfico", y en su consiguiente recaudación: "Se trata de recaudar y punto", afirmó el secretario general Manuel Mato Vázquez. Éste denunció las presiones que reciben los agentes de tráfico para aumentar el número de denuncias, "con fines recaudatorios". Este hecho, dijo, se extiende ahora a los puestos de seguridad ciudadana. También criticó que de esto depende la pérdida del complemento salarial del sueldo consolidado y el cobro correspondiente a los festivos y las jornadas nocturnas de trabajo: "Los que denuncien poco, van a cobrar poco".

Mato calificó de "grave" una situación que "en la vida había ocurrido". Para apoyar sus argumentos, mostró un documento con sello de la comandancia y firmado en Vicedo (Lugo) que indica que "parece ser que la Digecuci (Dirección General de la Guardia Civil) está estudiando evaluar al personal de seguridad ciudadana como al de tráfico y tienen pensado quitar un complemento al que no denuncie". El secretario general agregó que los agentes de seguridad ciudadana son "la piedra angular" del cuerpo. A pesar de ello, se les considera "la criada, la chacha de todos los policías de España". Con peores sueldos, escasez de plantilla, cuarteles en mal estado y "peores materiales", hacen frente "incluso a atracos"... "Y ahora, si no empiezan a perseguir al ciudadano, les quieren pedir parte de su sueldo".

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) corroboran la tesis de la UGC de que el Real Decreto tiene fines recaudatorios. De hecho, ponen en entredicho "el hipotético ahorro energético" que conllevará la medida. Se basan en que la velocidad media en autopistas y autovías ha bajado en más de 3 kilómetros por hora desde 2004. Entonces, la media era de 117,2 y en 2008 fue de 114,07. En cambio, el consumo de carburante aumentó en 1,3 millones de toneladas.

La Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA mantiene que "las ventajas (del nuevo límite) superan con diferencia a los inconvenientes". Por ello, a Francisco Canes, su presidente, le sorprenden "las reacciones tan viscerales" que ha desatado el Real Decreto. Guste o no, la medida no perjudica a nadie. Reduce el gasto energético y tiene efectos beneficios en la accidentalidad. Es la argumentación de Canes, que añade que "es absolutamente falso el argumento de que los conductores se aburran o se duerman". Si así fuese, "las carreteras y autovías estarían llenas de camiones y autocares volcados, ya que estos vehículos tienen limitaciones mayores de velocidad".