El Gobierno ha recaudado 512 millones de euros con las tasas judiciales desde su aprobación en diciembre de 2012, mediante una ley impulsada por el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo sucesor en el cargo, Rafael Catalá, se ha comprometido a revisar.

Esta cifra figura en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo al diputado del grupo socialista Miguel Ángel Heredia, que preguntó al Gobierno por las cantidades recaudadas por tasas judiciales desde su entrada en vigor el 17 de diciembre de 2012.

Según la contestación gubernamental, en 2012 la suma fue de 8,775 millones de euros, mientras que en 2013 ascendió a 316,536 millones y en lo que va de 2014 la cantidad alcanza los 187,157 millones de euros, lo que suma 512,468 millones de euros.

Madrid encabeza la lista de recaudación por comunidades autónomas con 139 millones, seguida de Cataluña con 96 millones y Andalucía con 54 millones.

Ceuta y Melilla son las regiones que menos dinero han recaudado con 347.000 y 290.000 euros, respectivamente.

La Ley de Tasas Judiciales fue uno de los principales proyectos aprobados por las Cortes -con el único apoyo del PP- durante la etapa de Ruiz-Gallardón al frente del departamento de Justicia y marcó un antes y un después en las relaciones entre el Ministerio y la judicatura. El actual responsable de Justicia, Rafael Catalá, se ha comprometido a analizar y revisar la ley, que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional. Catalá ha explicado que evaluará la aplicación y el impacto que están teniendo las tasas para encontrar "un sistema equilibrado y proporcionado que no impida el acceso a la Justicia", si bien ha descartado la retirada, como piden varios sectores de la judicatura.

El ministro de Justicia ha convocado para mañana la Mesa Sindical y, dos días después, la Conferencia Sectorial de comunidades autónomas, con el objetivo de debatir sobre las reformas pendientes en la Administración de Justicia, entre las que saldrá a relucir el asunto de las tasas judiciales, y también otros como la gestión del Registro Civil por registradores mercantiles.

La Conferencia Sectorial tendrá en su orden del día una exposición general sobre la situación de las reformas legislativas en las que trabaja el Ministerio de Justicia, entre las que se encuentra el proyecto de justicia gratuita y el Registro Civil.

El proyecto de justicia gratuita está relacionado con las tasas judiciales, cuya recaudación iba a ser destinada a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita, si bien las comunidades han protestado de que no han recibido ni un euro de la imposición de los nuevos gravámenes.