Una mayor autonomía e independencia para administrar los recursos, más flexibilidad en la gestión, posibilidad de recurrir a un mayor número de subvenciones... Son las razones que entre finales de los 90 y principios del nuevo siglo se esgrimieron desde el Ayuntamiento para justificar la sucesiva creación de organismos autónomos: la Gerencia Municipal de Urbanismo, el IMPI y la Fundación de la Mujer tomaron forma junto a la empresa municipal de suelo Esisa en apenas cuatro años para consolidar una amplia estructura municipal que venía muy bien en tiempos de bonanza económica y crecimiento. Pero dicha estructura empezó a ponerse en tela de juicio en cuanto las consecuencias de la crisis económica se hicieron visibles. La Gerencia de Urbanismo pronto se hizo inservible. Fue la primera en caer. En 2011, recién llegado el PP al gobierno municipal, promovió su disolución. Apenas unos meses después, en 2012, del plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento insistió en la necesidad de reducir el número de organismos autónomos, especialmente de aquellos que resultaban deficitarios y que no estaban debidamente saneados. Y el posterior desarrollo normativo promovido por el PP desde el gobierno central insistió en esa simplificación de las administraciones locales en pro de la sostenibilidad económica.

La utilidad de los organismos autónomos en las administraciones locales -especialmente en aquellas ciudades que no son demasiado grandes- sigue hoy siendo un tema de debate, si bien es cierto que en el fondo, y en lo que a resultados se refiere, no hay grandes diferencias con la gestión que pueda llevarse a cabo a través de una delegación municipal. Con todo, el gobierno local considera que la reclamación de Hacienda -al no existir una situación económica que justifique dicha petición- se adentra en la esfera de las competencias estrictamente municipales.