Los trabajadores de San Fernando afectados por la subcontrata de Torregorda se quedan sin trabajo

Este miércoles será el último día de los seis trabajadores isleños que hasta el momento han desempeñado las labores de apoyo a tiro y mantenimiento de cañones en el Centro de Ensayos de Torregorda. Un amargo final para unos profesionales que llevan desde mayo sin cobrar una nómina por parte de la empresa a la que el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) -dependiente del Ministerio de Defensa- tenía subcontratada estas tareas: la puertorrealeña Intervenciones Marinas Españolas SL. También se da la particularidad de que esas personas no percibían plus de peligrosidad alguno a pesar de trabajar con armamento.

Los afectados explican que el contrato para este servicio expira ahora y que el INTA no ha sacado a licitación uno nuevo, por lo que será el personal reservista de estas instalaciones el que, por lo menos de momento, realice estas tareas. Del mismo modo, estos trabajadores aclaran que la empresa ni siquiera les ha comunicado formalmente el cese de actividad y que ha sido el propio personal del centro el que le ha ido informando que a partir del jueves no tendrán acceso al mismo.

Esta media docena de isleños se reunirá en breve con su abogado para estudiar las opciones, aunque los afectados adelantan que denunciarán al INTA por despido improcedente.

Tampoco descartan los trabajadores iniciar nuevos actos reivindicativos y de presión para visibilizar su problemática y demandar una solución. Cabe recordar que a mediados de agosto estos profesionales iniciaron un calendario de paros a las puertas del Centro de Ensayos de Torregorda para dar a conocer su situación. Unos paros que continuaron hasta hace bien poco, cuando la baja por depresión de varios de los afectados lo impidió.

A finales de agosto la propia alcaldesa se reunió con los afectados y se comprometió a mediar con Defensa ante el impago de esta subcontrata. Entonces la regidora ya indicó que se trataba de “una situación compleja”, ya que el INTA aseguraba que estaba abonando a la empresa las cuantías que contractualmente correspondían, pero la empresa no estaba pagando las nóminas a los trabajadores.

A principios de septiembre fue la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, la que se reunió con ellos y se solidarizó con su situación.