Las intervenciones durante el pleno extraordinario que se convocó ayer para sacar adelante dos puntos en torno a la rehabilitación del Ayuntamiento –la revisión de precios solicitada por la empresa y un nuevo modificado del proyecto– permitió conocer que el contrato sufrirá una última revisión de precios, lo que aumentará de nuevo el presupuesto de la intervención. A la reserva expresa que la constructora anunció al Ayuntamiento a finales de año de reclamar daños y perjuicios por el incremento de los plazos no imputable a ella se refirieron el portavoz de Andalucía por Sí (AxSí), Fran Romero, y el portavoz de Vox, Carlos Zambrano.

Varias fueron las críticas y las dudas que se lanzaron durante la sesión plenaria en torno a la gestión municipal de esta obra. Especialmente insistente fue el andalucista Fran Romero que cuestionó la "diligencia política" de la alcaldesa y la concejala de Desarrollo Urbano en la fiscalización del cumplimiento del contrato. Se basaba para poner en tela de juicio la atención prestada en un informe del 17 de enero de 2019 firmado por el arquitecto municipal y por el arquitecto técnico municipal (responsable de mantenimiento de los edificios municipales) en el que advierten del retraso considerable de las obras casi dos años y medio, ahora) que achacan, entre otras razones, a la "insuficiencia de personal técnico dispuesto por la empresa para su jefatura de obra". "Eso supone un incumplimiento del contrato, en concreto de la cláusula séptima", detallaba Romero. Ante de acabar el pleno la regidora, Patricia Cavada, aclaraba que en la cuenta final de liquidación se retrotraerán todas aquellas cuestiones que no hayan sido cumplidas, como “se hace siempre con otros contratos”.

En el informe técnico que aludía Romero se pedía, además, que se analizara por los servicios jurídicos la opción de realizar la revisión de precios ahora aprobada una vez se recepcionaran las obras. "Ese es el criterio técnico", apuntaba el líder de AxSí. Frente a eso el equipo de gobierno esgrimió los informes favorables a esta revisión de 107.862 euros que finalmente se aprobó. La solicitud de Vías y Construcciones cumplía las dos condiciones legales que se estipulan para ello: haber pasado más de un año desde el inicio de la obra y haberse ejecutado al menos el 20% de la actuación, según las explicaciones del concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

El segundo punto que se ponía sobre la mesa se centraba en un nuevo modificado del proyecto, suman ya seis, por un valor de casi 80.000 euros. En esta ocasión responde a la necesidad de ejecutar medidas de seguridad o contraincendios, recomendadas por el Consorcio Provincial de Bomberos tras una inspección, para reforzar los techos resistentes al fuego o el cerramiento antiincendio de ascensores. También es importante para la reubicación del centro de transformación eléctrica, que "conlleva la colocación de más puertas, más rejillas y elementos de ventilación forzosa, además de la redistribución de tabiquería", señaló Rodríguez. La restauración de elementos no previstos, como los balcones de la primera planta o en salas, la modificación de la carpintería o del pavimento son otras acciones atendidas.

En torno a estas cuestiones se pronunció Zambrano que, al no haber tenido tiempo para analizar la documentación dada la premura con la que se había convocado la sesión, planteaba dudas "jurídicas" en cuanto al tema de las cantidades (también para la revisión), pero además sobre si la solución técnica propuesta para algunas situaciones era la mejor a largo plazo. "Se incluyen elementos de diseño, que no son por necesidad y sobrevenidos", insistió. Como ejemplo puso el aumento de la altura del alféizar de los balcones causado por el "sobre elevamiento" del suelo. Para el concejal de Presidencia, en respuesta a estos planteamientos, no hay duda en cuanto a estas cuestiones técnicas aportadas por la dirección facultativa de la obra "un equipo de reconocido prestigio nacional en el que hay que confiar".

La portavoz de Ciudadanos, Regla Moreno, comprendía la necesidad de atender situaciones que no podían ser previstas con antelación. Sin embargo, reclamó al gobierno "un control de calidad de la obra", para que todo esté garantizado ante la recepción parcial de la actuación que se dató para el próximo otoño. "Difícilmente se controla a tenor del incumplimiento sistemático del contrato de la empresa al no haber dispuesto el personal técnico necesario", matizó Romero. En su nueva intervención ironizó sobre "la casualidad" de que con el sexto modificado que se aprobaba se haya llegado al límite del 10% del presupuesto que permite la ley para ampliar este tipo de intervenciones. "Uno fue de 500.000, otro de 220.000 y ahora este de 80.000 euros", expuso tras el pleno.