El protocolo municipal para empadronar a personas sin hogar es "discriminatorio e ilegal". Así lo afirma la plataforma Por los derechos de las personas sin hogar, de la que dos de sus entidades integran han presentado recurso contra la nueva norma municipal, que se centra en dos cuestiones "fundamentales" para rechazar el reglamento desarrollado por el Ayuntamiento de San Fernando.

"Es discriminatorio para las personas sin hogar con respecto al resto de ciudadanos", apunta Milagrosa Fernández Bey, presidenta de la Asociación Personas sin Hogar con Derechos (PESHO-DE), que forma parte de la plataforma. Una persona debe demostrar con un contrato o algún documento que vive en una ciudad para empadronarse y su baja del padrón se produce porque se marcha a otra ciudad y realiza el trámite pertinente, "pero no se le da de baja sin más". En el caso de las personas sin hogar el protocolo contempla que cada seis meses deben presentarse en Servicios Sociales y en caso contrario se produce la baja de oficio. "Eso es ilegal", advierte Fernández Bey. Tanto, como vincular el empadronamiento al compromiso de rehabilitación por parte de la persona, a que esta siga el programa social que estipulen los Servicios Sociales, deja claro. "Eso sería motivo para que este servicio te sancione en cuanto a la prestaciones que realice, pero no para sacarte del padrón", añade la responsable de PESHO-DE.

Además, la plataforma cuestiona que este sea el criterio que se vaya a seguir con carácter retroactivo, es decir con aquellos sin techo que ya están registrados en el padrón y que no saben que tienen estas obligaciones. "Estas personas no controlan un calendario, ¿cómo van a estar pendiente de acudir a los Servicios Sociales?", se queja. A eso suman un vacío de la nueva norma: deja fuera a quienes viven en trasteros o garajes, según la plataforma.

Por los derechos de las personas sin hogar insisten en sus reclamaciones contra las normas que ha fijado el Ayuntamiento para el empadronamiento y en esa "discriminación" que entiende se va a producir con el colectivo. "El padrón es una obligación y un derecho, pero no se limita para unas personas en concreto. Se vincula al hecho de estar en un sitio, nada más. No está para decidir si alguien es buen o mal ciudadano y si no eliminarlo", expone Milagrosa Fernández Bey. Por eso la plataforma muestra su preocupación porque se pueda hacer a partir de ahora "una limpia2. "Lo que ocurre es que no interesa empadronar porque no aportan recursos. Con una estadística elevada de personas sin hogar la administración se ve obligada a disponer más recursos para atenderlos", asume. En realidad, "es nuestra lucha de siempre, no es nada nuevo", reconoce.

A juicio de la plataforma, el protocolo "sobra" y el Ayuntamiento solo tiene que aplicar la resolución del 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local en la que se dispone que la ausencia de todo hogar no puede ser causa de no empadronamiento. "Se empadrona en el punto de la ciudad donde vive y se establece un domicilio ficticio que corresponde con la dirección de los Servicios Sociales", aclara Fernández Bey que pone ejemplos: "Si la persona vive en el parque del Barrero se le empadrona allí. Si vive en el templete de la plazoleta de las Vacas se le empadrona allí". No hay nada más que hacer, por eso rechazan las condiciones que estipula el protocolo municipal, por lo que entienden que no se cumple la ley: "No puede restringir derechos frente a una norma superior". Tanto PESHO-DE como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han presentado recurso contra el protocolo, cada uno con sus matices pero coincidentes en lo más relevante.

La plataforma niega que existiera consenso respecto al protocolo, "solo hablamos sobre que querían hacerlo y que las asociaciones certificaran el tiempo de atención para acreditar la permanencia en la ciudad de la persona".