La propiedad de Fadricas dispone de un mes para sumarse al acuerdo de bases

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Hasta principios de 2010 no se sabrá si la propuesta presentada por el Ayuntamiento para evitar las expropiaciones de los polvorines de Fadricas y afrontar el desarrollo urbanístico de este medio millón de metros cuadrados es efectiva y consigue el respaldo esperado.

Desde el pasado miércoles, con la publicación del correspondiente acuerdo plenario del 17 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los propietarios disponen del plazo de un mes para formalizar su adhesión a la alternativa que desde la Gerencia Municipal de Urbanismo se les ha planteado: el polémico acuerdo de bases. Éste ha sido duramente censurado desde la oposición socialista a lo largo de las últimas semanas, entre otros motivos, por contemplar un desarrollo predominantemente residencial y, a su juicio, desperdiciar la oportunidad de aprovechar el suelo para dar un salto cualitativo en el modelo económico de la ciudad.

El Ayuntamiento, sin embargo, confía en obtener un respaldo masivo a esta propuesta que permitiría -por fin y después de varios años de demora- afrontar el esperado desarrollo de un suelo que considera clave para el futuro de La Isla. Y también una de las últimas bolsas disponibles en el término municipal.

La clave está ahora en la reacción del grupo de pequeños propietarios afectados por la reserva de suelo, un colectivo que el Gobierno local espera que se adhiera al acuerdo de bases planteado para promocionar estos suelos. Y la gran duda, claro está, será la respuesta que el Ministerio de Defensa dará a esta nueva iniciativa planteada por el Ayuntamiento isleño para los antiguos polvorines. Si bien -habida cuenta de la reacción de rechazo del PSOE- es bastante previsible que no se adhiera a los términos de este acuerdo de bases.

Sin embargo, si el plazo fijado concluye sin conseguir una mayoría de adhesiones entre la propiedad, la iniciativa resultaría inviable y los polvorines podrían de nuevo verse abocados a un bloqueo de varios años ya que cerraría la nueva vía que el Ayuntamiento -con independencia de la idoneidad del desarrollo planteado- intenta abrir con esta alternativa.

Es decir, que la única opción que le quedaría al Gobierno municipal sería la de recurrir a las expropiaciones -extremo que ha negado en reiteradas ocasiones- o la de intentar renegociar un nuevo acuerdo con los propietarios que pudiera llegar a buen puerto.

Todo tendrá que verse a principios de 2010, una vez que expire el mes de exposición pública del acuerdo de bases y, realmente, se conozca cuántos han sido los propietarios que han mostrado su disposición a secundar la propuesta municipal.

Si esta parte -quizá la más complicada de conseguir- se cumple, la Gerencia Municipal de Urbanismo procederá a formalizar acuerdos específicos con cada uno de los propietarios, convenios urbanísticos que atenderían cada uno a las condiciones específicas de cada parcela (metros cuadrados, aprovechamiento correspondiente).

Si la fórmula resulta efectiva -con el respaldo de los propietarios- el desarrollo de estos terrenos podría incluso plasmarse en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde podría contemplarse ya como suelo sectorizado, lo que permitiría su desarrollo en un plazo aproximado de unos cinco años. También tendrían que decantarse los propietarios por el sistema de actuación, bien un sistema de cooperación o bien una junta de compensación.