Casi todos están en la Compañía de María desde los tres años gracias a las medidas cautelares adoptadas en su momento por el juzgado. Sus padres lo tenían claro desde el principio. Querían que sus hijos estudiaran allí, en este centro religioso concertado, y estaban dispuestos a echar mano de todos los recursos legales para conseguirlo. Incluso a agotar la vía judicial. Pero contra todo pronóstico -y en contra de la jurisprudencia- la resolución no ha sido la que esperaban debido a un cambio de doctrina en el Tribunal Supremo, al que el TSJA, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se ha acogido en una sentencia que ahora obliga a sacar a los niños del colegio. En el curso escolar que arranca ahora en septiembre no podrán seguir en el mismo centro, tendrán que ser escolarizados en otro colegio público, el que les corresponda y en el que haya plazas vacantes ya que el proceso de escolarización ha concluido.

Una medida que los padres consideran extremadamente radical, que afecta de lleno a nueve niños de La Isla con edades comprendidas entre los cinco y los ocho años. Ocho son de la Compañía de María y uno del colegio de las Hermanas Carmelitas. Supondrá -seguro- un auténtico trastorno para ellos, dicen las familias que hablan del desarraigo que esta medida supondrá para los pequeños.

"¿Sabe lo que es decirle a un niño de ocho años que el mes que viene no podrá ir al colegio al que va desde el primer curso de Infantil, que no podrá estar con sus amigos, con sus profesores?", inquiere uno de los padres. "Todo su mundo se les viene abajo", asegura. Hace unos días -explica- para tantear la reacción de su hija, bromeó con ella al respecto: se llevó todo el día llorando. Todavía, dice, no se ha atrevido a decirle la verdad.

Para cinco de estas familias el problema se agrava puesto que los niños afectados por esta resolución judicial tienen además hermanos pequeños ya escolarizados en el centro (entraron sin grandes problemas gracias a la puntuación que les daba tener ya hermanos matriculados en el mismo colegio). Es un problema para las familias, que tendrán que apañárselas para llevar a sus hijos a dos colegios distintos, pero también para los niños, como apunta otra de los madres: "Cada mañana tendré que vestir a una de mis hijas con el uniforme del colegio y a la otra no. Una sí irá y la otra no. ¿Cómo cree que se lo tomará? Se preguntará por qué la estamos castigando", apunta.

Los padres hablan del derecho a elegir la educación que quieren que reciban sus hijos, de la libre elección de los centros. Es lo que en su día les impulsó a tomar la decisión de seguir este camino: unos lo hacían por motivos religiosos -aunque no todos- otros por la preferencia del centro educativo e, incluso, hay quienes se aferraban a la próximidad del domicilio o incluso a razones laborales.

Fue una vía que escogieron porque hasta el momento -hasta el cambio de doctrina del Supremo- era factible aferrarse a esta opción. Muchos niños -recuerdan- han conseguido entrar así en el centro. "Lo amparaba la doctrina jurisprudencial del TSJA", explican. Cada año había resoluciones judiciales en este sentido. Incluso el juez, al existir estos precedentes, admitía como medida cautelar que el niño fuera escolarizado en el centro a la espera de la sentencia. Recurrir a la vía judicial era complicado -un camino demasiado arduo para muchos padres, que optaban por meter a los niños en otros colegios- pero tenían esa garantía. Hasta ahora.

El cambio de doctrina, una cuestión judicial, ha motivado la revocación de estas medidas cautelares. Dejarán de entrar niños en los colegios concertados a través de esta vía. Pero a ellos -a estas nueve familias de La Isla- les ha tocado de lleno. Y los perjudicados -dice- son los niños. "Parece que eso no importa a nadie", lamenta. "No estamos diciendo ni pidiendo que nuestros hijos entren en la Compañía. Es que ya están dentro. Hay casos en los que llevan cinco años allí. Y nos los van a sacar forzosamente", explican.

La Junta de Andalucía ha solicitado ya la ejecución de las dos primeras sentencias dictadas por el juez. El resto de resoluciones, presumiblemente, irá llegando a lo largo de los próximos meses aunque todas serán idénticas, advierten los padres afectados. Nadie lo duda a estas alturas.

La presión de las familias ha conseguido alargar el proceso a lo largo de todo el año para evitar que incluso se vieran forzados a salir del colegio a mitad de curso, como temían que pudiera ocurrir en un primer momento. El tiempo, no obstante, corre en su contra. Hay dos familias que ya tienen la sentencia. Sus hijos tienen que salir de la Compañía. Tendrán que ir a otro colegio, aunque -afirman- no están dispuestos a matricular a los niños en ningún otro centro.

Han hablado con la Junta. No se trata de ampliar la ratio -que obligaría a recurrir a las listas baremadas- sino de que el asunto se trate como una excepcionalidad dado que son -insisten- un caso especial. "Simplemente queremos que se queden el colegio en el que ya están, que no tengan que irse de su colegio, por ellos, por los niños. Es una medida de gracia".