Contratada la señalización de la Zona de Bajas Emisiones en San Fernando

La puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha superado ya su fase de tramitación -primero del proyecto y, luego, de la nueva ordenanza reguladora- para empezar a tomar forma en la práctica. Y el primer paso se ha podido ver esta semana en la plataforma de contratación de Alcaldía, donde se da cuenta de un contrato menor -ya adjudicado- para el suministro y colocación de los discos de señalización vial.

El importe de dicha adjudicación asciende a 17.445,66 euros y el plazo estipulado para su ejecución -esto es, la instalación de la correspondiente señalización- es de un mes a contar a partir del día siguiente a la notificación del correspondiente decreto en el que se adjudica el contrato, que se ha encargado a la empresa chiclanera Señalizaciones Ortega SL.

La ordenanza que regula la implantación de la ZBE en San Fernando afrontó su aprobación definitiva en el Pleno el pasado 26 de diciembre, donde -como se esperaba- salió adelante gracias a la mayoría socialista y con el contundente rechazo en bloque de toda la oposición (PP, VOX y AxSí). Todas estas siglas, de hecho, habían pedido anteriormente -durante la fase de alegaciones- la retirada de la ordenanza

La normativa municipal se tramitó tras la aprobación del proyecto de ZBE, que prácticamente se trabajó en paralelo a la ordenanza y cuyo contenido viene a coincidir casi en su totalidad.

La colocación de la señalización vial se llevará a cabo a lo largo de todo el perímetro que conforma la ZBE, que abarca prácticamente todo el centro urbano e incluye un área de 44,7 hectáreas.

Concretamente, incluye las siguientes calles: plaza del Castillo, Escaño, Colón, Constructora Naval, González Hontoria, Rosario, 24 de Septiembre 1810, Cayetano del Toro, Hermanos, Laulhé, Arenal, Sánchez Cerquero, Calderón de la Barca, San Marcos, Cecilio Pujazón, Colegio Naval Sacramento, Marismas, Arnesto, Benjamín López, San Juan de la Cruz, Santo Entierro, Batallones de Marina, Lauria, Olivarillo, San Bruno, Lezo, Vera Cruz, Doctor Celier, Lanuza, Bravo, Peces Casas, Pérez Galdós, Jardinillo y Nicola.

La Zona de Bajas Emisiones supone, en la práctica, la restricción del tráfico rodado en todo este perímetro con la finalidad de reducir el tránsito de vehículos y, por ende, la contaminación. Su puesta en práctica es de obligado cumplimiento para los municipios de más de 50.000 habitantes según lo dispuesto por la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética. En San Fernando, no obstante, entronca directamente con una política de movilidad que se ha puesto como reto que haya menos coches circulando por la ciudad.

La puesta en marcha de dicha medida, según se recoge en el propio proyecto que ha aprobado el Ayuntamiento isleño, conllevará restricciones de circulación para prácticamente la mitad del parque móvil local: alrededor de unos 30.000 vehículos, que son los de menor eficiencia energética y también los más antiguos: aquellos sin distintivo ambiental o con Etiqueta B,  según las categorías definidas por la Dirección General de Tráfico.

Dos fases de implantación

Precisamente, una de las cuestiones que se reprocha a la ordenanza es que la medida afecta directamente a aquellos que menos favorecidos económicamente, los que por ende conducen los coches más antiguos y disponen de menos recursos para afrontar la compra de un vehículo nuevo.

La Etiqueta B –que abarca todos aquellos vehículos propulsados por gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006– supone en San Fernando el 30,5% del parque móvil, que está integrado por un total de 59.586 vehículos.

Y los vehículos sin distintivo ambiental son aquellos más antiguos, que no cumplen con los criterios mínimos de eficiencia energética ni con los límites de emisiones establecidos. En la localidad, suponen hasta un 17,8%, según los datos que pueden consultarse en el propio proyecto de ZBE.

Desde el Ayuntamiento isleño se han planteado dos fases de implantación de estas restricciones al tráfico rodado en el casco urbano.

En la primera –durante el primer año de funcionamiento, previsiblemente 2026- esos vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental que suponen el 48% del parque móvil tendrían prohibido acceder al perímetro del casco urbano incluido dentro de la Zona de Bajas Emisiones entre las 20.00 y las 8.00 horas. Durante el resto del día –desde las 8.00 hasta las 20.00 horas– se podrá circular sin ningún tipo de restricciones.

Durante la segunda fase de implantación de la ZBE, que se acometerá al segundo año de su puesta en funcionamiento (previsiblemente, 2027), esta franja horaria se ampliaría hasta las 15.00 horas. Es decir, que a partir de esa hora y hasta las 8.00 horas, los vehículos con Etiqueta B o sin distintivo ambiental no podrían circular por las calles incluidas en la Zona de Bajas Emisiones. El resto del día, desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, podrá circular sin restricciones todo tipo de vehículos.

Reducir emisiones "de manera preventiva"

Aunque la puesta en marcha de la ZBE se acomete con la finalidad de reducir emisiones, dicha cuestión dista mucho de ser un problema en la localidad.

En 2023, un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) afirmaba que San Fernando es la ciudad española que tiene el aire más limpio del país, así como la número 28 en el ranking europeo. Dicha cuestión inspiró incluso la campaña que el Ayuntamiento isleño llevó a la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en el pasado 2025, en la que se invitaba "a respirar el mejor aire de toda España" y se jugaba con la baza de la calidad ambiental como estrategia para intentar atraer a posibles visitantes a una ciudad rodeada por el Parque Natural de la Bahía de Cádiz y sus marismas.

Pero esos datos -y esa buena fama- no exime al Ayuntamiento de cumplir con la máxima legal de dotarse de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Tanto es así, que el propio proyecto de la ZBE reconoce tras analizar los datos de la calidad del aire en el municipio entre 2021 y 2024 que San Fernando se sitúa "muy por debajo de los valores límite establecidos por la normativa aplicable".

El proyecto detalla que "en la mayoría de los casos, dichos valores se sitúan incluso dentro de los objetivos marcados a medio y largo plazo, lo que pone de manifiesto la evolución favorable del municipio en términos de calidad ambiental".

Así que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) se entiende en el caso isleño "como una medida estructural y preventiva, orientada no solo a mantener los niveles actuales, sino a anticiparse a posibles escenarios de riesgo y a consolidar una dinámica de mejora continua en la calidad del aire y en la salud pública".

Las cámaras y el personal

Además de los trabajos de señalización del perímetro afectado por la ZBE, su puesta en marcha requerirá durante su primer año de funcionamiento -en 2026, según los planes del Ayuntamiento isleño- de la instalación de todo un sistema de control mediante cámaras de vigilancia en el perímetro afectado por las restricciones al tráfico. Pero también y -lo más importante- será necesario contar con personal adecuado para afrontar la tramitación de autorizaciones, gestionar las posibles sanciones y, en definitiva, de llevar el mantenimiento de toda la plataforma, tal y como se recoge en el proyecto.

El presupuesto del primer año de funcionamiento de la ZBE supera así el medio millón de euros, que en su mayor parte se destinaría al suministro, instalación y configuración de ese sistema de control de los accesos a la zona restringida mediante cámaras.

Concretamente, el proyecto estima que la puesta en marcha de este sistema de control mediante cámaras tendrá un coste de 375.000 euros.

A ella se sumarían los necesarios trabajos de señalización, que se presupuestan en 25.000 euros; la adquisición y puesta en servicio de los equipos de medición de la calidad del aire (se ampliarían con cuatro más), que se estima en 20.000 euros; los costes de mantenimiento de la plataforma de videovigilancia y los gastos de comunicaciones asociados a las tarjetas 4G de las cámaras de lectura de matrículas, que serían otros 20.000 euros; y los gastos derivados de la asistencia técnica tanto para el proceso "participativo y de comunicación" como para la elaboración del informe de seguimiento, que supondrían sendas partidas de 15.000 euros cada una de ellas.