Más de media hora después de que terminara el pleno, concejales de la Corporación Municipal seguían escuchando las quejas de los vecinos de Casería Norte afectados por la reserva de suelo, que ayer fue aprobada definitivamente. Intentaban explicarles el procedimiento y les ofrecían la posibilidad de que acudieran para resolver cualquiera de sus dudas. Lo intentarán hacer formalmente en una reunión que el equipo de gobierno podría fijar, junto con los propietarios interesados, para la próxima semana.

El visto bueno final al expediente de delimitación del suelo de los antiguos polvorines de Fadricas y algunos terrenos aledaños abre ahora un plazo de cinco años, más la posibilidad de otros dos, para negociar con las partes y fijar así un convenio con el que se pueda ordenar ese enclave fundamental para el desarrollo de la ciudad. La primera idea es alcanzar un acuerdo conjunto, que incluya al Ministerio de Defensa, a la familia Vela de la Flor y al colectivo de pequeños propietarios. "Estamos dispuestos a que la Junta de Andalucía participe también", manifestó el alcalde, Manuel de Bernardo, al termino de la sesión. E insistió en esta idea: "No tenemos inconveniente en que la EPSA -la empresa pública de suelo andaluza- tenga un hueco en la parte que le toca a Esisa (la empresa de suelo isleña).

Los afectados habían acudido al pleno para mostrar su rechazo a la reserva, al considerar que salen perjudicados. Se lo hicieron saber a los concejales y al propio alcalde. Primero, enfadados como están por verses inmersos en esta situación. Segundo, por ver cómo su terreno pasaba de urbano a suelo de utilidad pública. Tercero, por considerar que se les presiona con la amenaza de la expropiación. Y cuarto, por que sus propiedades queden reducidas a suelo rural y por tanto su valor sea menor. A todo eso intentará el Gobierno municipal dar una respuesta, como ayer lo intentaban algunos de los ediles y De Bernardo.

El PSOE también expresó su rechazo a la reserva, por considerar que perjudica a la ciudad. Su portavoz, Fernando López Gil, criticó que esta actuación responde al empeño del equipo de gobierno de "pelear con Defensa, aun cuando perjudica a la ciudad y a sus ciudadanos". La retirada de la delimitación evitaría pleitos y costes innecesarios, dijo.

Era la responsable popular quien había recibido las mayores críticas de las filas socialistas. López Gil había recordado el compromiso de Pedemonte con los propietarios. Había leído sus palabras pronunciadas en la reunión que mantuvieron con los afectados en la época de elecciones: "Dijo que había que negociar, que era una barbarie, que si se llegaba a la reserva sería sólo de la parte afectada, que ni los Vela ni ustedes serían incluidos".

Para el portavoz del PA, Francisco José Romero, el discurso socialista fue "demagógico", porque, recordó, el Ayuntamiento simplemente se adelantó a los planes de la Junta de Andalucía de iniciar la reserva. Para la portavoz del PP, María del Carmen Pedemonte, la actitud del PSOE responde a un intento de manipulacion. "No le importa usar a las personas o usar ls datos para su propio beneficio", acusó al concejal socialista. Por eso quiso dejar claro entre otras cuestiones que el expediente recoge la posibilidad de que no todos los terrenos tienen que adquirirse.