No habrá vista previa por el robo millonario de la caja el próximo día 23 de enero. La sección de enjuiciamiento del departamento primero del Tribunal de Cuentas ha decidido aplazar la convocatoria que fue notificada a las partes a principios de diciembre.

La cita se ha postergado hasta mediados de marzo. La fecha propiciará una oportuna coincidencia, puesto que para entonces el desfalco -su descubrimiento y denuncia por parte del Ayuntamiento- estará a punto de cumplir cuatro años. Un tiempo sin duda excesivo para un asunto de tal magnitud -son casi ocho millones de euros los que han desaparecido de las arcas públicas- que todavía sigue enquistado en la vía penal, aún en su fase de instrucción.

El aplazamiento de la vista previa retrasa también la resolución del procedimiento de reintegro por alcance que desde hace un año dirime el Tribunal de Cuentas y que ha resultado tremendamente polémico por la inclusión en la demanda de los ex alcaldes Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo como responsables subsidiarios en su calidad de ordenadores de pagos.

Con este cambio de fecha, el proceso contable, a buen seguro, se alargará durante todo 2013 ya que, tras la vista previa, tendrá todavía que fijarse la fecha de la audiencia definitiva antes de dictarse la correspondiente sentencia. Con todo, esta vía administrativa, a diferencia de la penal, ha avanzado con decisión a lo largo de 2012, año en el que se ha iniciado el proceso y en el que el Ayuntamiento ha presentado la correspondiente demanda por el robo, insistiendo en las responsabilidades directas de los dos funcionarios que estaban a cargo de la caja: Clemente Ruiz y María José Lebrero de Celis, únicos imputados por el caso.

Las razones que han llevado al Tribunal de Cuentas a aplazar la vista previa son prácticamente rutinarias. Al parecer, algunos de los representantes legales de las partes no podían comparecer en Madrid el próximo 23 de enero al tener otros juicios señalados para esa misma fecha, lo que han justificado debidamente ante la sala.

El posicionamiento de cada una de las partes ante la demanda que el Ayuntamiento ha presentado en el Tribunal de Cuentas, conocido hace apenas unas semanas a través de los escritos de contestación que se han incorporado a los autos del procedimiento de reintegro por alcance, ha permitido arrojar más luz sobre este asunto, que ha protagonizado también la actualidad informativa de la recta final de 2012. Así, por ejemplo, se ha podido saber que la Cámara de Cuentas de Andalucía estaba al tanto del desfase contable que existía en la caja cinco meses antes de que saliera a luz el controvertido robo -lo que confirma que dicho desfase se atribuía de un modo generalizado al retraso de la contabilidad en el Ayuntamiento- o que en enero de 2003 se intentó sin resultado cerrar la caja de efectivo para dejar el servicio en manos de una entidad financiera (como se hace en la actualidad a raíz del desfalco), lo que hubiese permitido abortar el desfalco desde sus primeros momentos.

También que los ex alcaldes alegan en su favor que era del todo imposible que hubiesen detectado la existencia del desfalco cuando éste no había sido advertido previamente por la tesorera o el interventor, que tenían a su cargo la custodia de los fondos. Existía una completa apariencia de normalidad y, además, el saldo de la caja suponía una sola línea entre los 3.000 folios de las Cuentas Generales.

De la misma forma, Clemente descarga responsabilidades en sus superiores (tesoreros e interventores) así como en el resto de compañeros de las oficinas de Hacienda, de los que recuerda que asumían la función diaria de controlar la caja y elaborar los correspondientes arqueos. Llama la atención también las declaraciones efectuadas por María José Lebrero al replicar a la demanda del Ayuntamiento, y afirmar que el jefe de la caja, Clemente, además de no coger nunca vacaciones -un hecho sobradamente conocido- "tampoco acostumbraba a salir a desayunar".

Por su parte, dos de los responsbales subsidiarios -el ex alcalde Antonio Moreno y el antiguo interventor, Rafael Monzón- alegan ante el Tribunal de Cuentas que su posible responsabilidad ante los hechos producidos y la existencia del alcance millonario ha prescrito por el tiempo transcurrido ya desde que ambos asumieron sus antiguos cargos.

Todos ellos -todas las partes- se verán las caras de nuevo en la vista previa que el Tribunal de Cuentas celebrará a mediados de marzo.

El robo de la caja, a punto de cumplir cuatro años, sigue siendo una herida pendiente de cicatrizar en La Isla, a pesar de que el tiempo -y las investigaciones llevadas a cabo- permitan analizar los hechos desde una perspectiva distinta y más sosegada.