La Policía Local de San Fernando continúa sin recibir sus chalecos de seguridad y protección a pesar de que en 2018 el gobierno anunció la licitación de un contrato para su suministro. Es la denuncia que hace el Sindicato de Policía Local Independiente (Spli).

Para los representantes sindicales es "lamentable" que se promocionara por el gobierno municipal la compra de 60 chalecos de protección unipersonal, y después del tiempo transcurrido, "sigan sin informar a los sindicatos del Ayuntamiento sobre el retraso en la entrega". No se sabe nada, advierten, de la empresa suministradora, encargada de la toma de medidas antropométricas y tallas a cada policía y certificados oficiales de homologación; y de las características técnicas de esta indumentaria.

El Spli recuerda lo sucedido en 2017 cuando fueron devueltos 27 chalecos antibalas que costaron 21.235,50 euros, porque resultaron inadecuados e inoperativos para la trabajo policial ordinario y por no reunir las características idóneas de ergonomía femenina. En 2018, añaden, fueron adquiridos otros 33 chalecos antibalas que en la etiqueta especificaba que la prenda "no está prevista a proteger contra rifles, armas de filo o instrumentos corta punzantes", lo que causaba inseguridad, lamentan, para las condiciones diarias de trabajo.

El sindicato critica la gestión del concejal de Policía Local, Jaime Armario, "que no consulta y negocia con las organizaciones sindicales los grave problemas reales que afectan a este área de Seguridad Ciudadana y Policía Local". Se refieren a la entrega pendiente de esos 60 chalecos antibalas, la carencia de la uniformidad básica reglamentaria de los años 2019 y 2020, así como el agravio en la realización de jornadas a turnos, fines de semanas, noches y festivos y "todas aquellas necesidades profesionales puesta en su conocimiento".

Para el Spli todo eso "nos convierte en una policía desprotegida, carente de medios y vulnerable". Según sus cálculos, más del 60% del personal policial en activo carece en la actualidad de estos equipos básicos profesionales de protección individual, lo que supone el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la normativa.