El movimiento antitranvía, que desde 2015 se aglutina en torno a la formación política Plataforma 3R, ha advertido de que los afectados por las expropiaciones llevadas a cabo en su día para ejecutar este polémico proyecto recurrirán a la Audiencia Nacional si se materializan las pruebas dinámicas previas a la puesta en servicio de este nuevo medio de transporte para la Bahía.

Dichas pruebas, según las declaraciones efectuadas por el propio consejero de Fomento este verano, está previsto que se retomen ahora en septiembre. La formación política local, que carece de representación municipal, ha asegurado sin embargo que, de llevarse a la práctica, el tema terminará en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional dado que la titularidad de la calle Real, por donde discurre el trazado del tren-tranvía, corresponde al Estado y, concretamente, a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Asegura que los afectados por las expropiaciones irán a la Audiencia Nacional

"El secretario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y presidente de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria ha sido advertido de sus responsabilidades ante el escenario de que un tren, obra pública manifiestamente ilegal según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, circule por la arteria principal de San Fernando, que es de propiedad estatal", afirma en un comunicado.

Alerta también esta formación de las "afecciones" que dichas pruebas tendrán para edificaciones privadas y públicas "algunas inmersas en escenarios de ruina técnica", como la emblemática Casa Lazaga o la antigua sede de la Cruz Roja. Y advierte de los posibles incidentes que puedan darse a raíz de estas pruebas. De hecho, el partido llega a hablar de un "estado latente de peligro" para La Isla si el tranvía, del que dice que es "un cadáver político de la Junta de Andalucía", empieza a circular por la calle Real, aunque sea a modo de prueba.