Intencionalidad, reiteración y alarma social. Son los tres conceptos que se han tenido en cuenta en el expediente sancionador para cuantificar la multa impuesta a la anterior concesionaria del mantenimiento del alcantarillado, la UTE San Fernando, cuyo montante, que reveló hace unos días el PSOE, llega a los 201.000 euros. Esta cifra, sin embargo, queda muy por debajo de la cantidad que esta formación considera justa ante los trabajos privados que la adjudicataria realizó con medios y operarios del servicio municipal dentro del horario fijado, una cuestión que los técnicos encargados de la investigación consideran confirmada. "Si se calculara con los 900 partes de trabajo de un año que faltan -los mismos que esgrimió el alcalde en un pleno para decir que estaban a disposición pública- la cifra ascendería hasta los 2,7 millones", advirtió el concejal Fernando León. Por el contrario, sólo se reconocen 67 infracciones que se han sancionado cada una con la multa tipificada más alta, 3.000 euros.

La oposición espera esta semana conocer todos los detalles del expediente a la anterior concesionaria, toda vez que Manuel de Bernardo le remitió una carta a León para asegurarle que la comisión informativa de Desarrollo Sostenible se reuniría esta semana. El PSOE quiere saber cómo se ha cuantificado la sanción, conocer las declaraciones de los técnicos encargados del control de este servicio y exigir las responsabilidades políticas oportunas. Curiosamente, señaló Fernando León también desde el equipo de gobierno se les exigía responsabilidades políticas por sus denuncias sobre irregularidad. "La señora Álvarez -en referencia a la delegada de Desarrollo Sostenible- dijo en un pleno que los socialistas no éramos dignos representantes de nuestros votantes y nos exigía desde el equipo de gobierno responsabilidades políticas", recordó. "Ahora, sin embargo, los propios técnicos municipales que han investigado nos dan la razón", comentó. E ironizó: "Según nos dijo el PP eramos más malos que el ejército de Pancho Villa. Álvarez nos advertía que nos equivocábamos, que habíamos hecho -Fernando López Gil y yo- el ridículo como nunca antes dos concejales, y nos criticaba que intentábamos emponzoñar la vida poítica de la ciudad". El concejal socialista critica que el Ayuntamiento no hiciera caso, además, a la empresa Mayro que denunció el 12 de abril de 2005 la realización por parte de la UTE de servicios privados en horario municipal

Mientras aguarda para conocer el contenido íntegro de la documentación tratada por el tribunal instructor del Ayuntamiento, los socialistas han examinado lo que recoge el acta de la junta de gobierno del pasado 15 de marzo. En estas páginas se hace referencia a las declaraciones de los operarios del servicio. Llama la atención que éstos reconozcan que desde el inicio del contrato, el 15 de febrero de 2005, se hicieran servicios privados en la localidad y fuera de ésta, en Chiclana, Puerto Real, El Puerto o la carretera de Sanlúcar. Se calculan que se desarrollaban en torno a 4 o 5 intervenciones privadas, pero dentro del horario de trabajo con el Consistorio con sus materiales y los empleados contratados para este servicio. También se alude a que se emitieron facturas con el nombre de un trabajador de baja, o al cambio de matrícula del vehículo en los albaranes sobre un servicio, cuando se había trabajado con otro vehículo.