El Partido Popular (PP) lamenta la falta de sensibilidad del gobierno municipal con los afectados por los problemas del ascensor de la escuela de adultos de la ciudad a los que se ha dejado fuera de clase como única opción, lo que considera "discriminación". Para la concejala Malu del Río la multitud de deficiencias que presenta el edificio –que están afectando al normal desarrollo de las clases– son “impropias” de un centro “reformado en su integridad hace apenas tres años y que tuvo un coste cercano a los 700.000 euros”.

Entre los fallos más llamativos para Del Río, que ayer acudió a los accesos a la escuela de adultos María Zambrano con algunas de las alumnas afectadas, está que el único ascensor que facilitaba a las personas con movilidad reducida el acceso a todas las plantas del edificio está estropeado. Para hacer frente a esta situación, denuncia, "se ha optado por dejar fuera de las clases a los alumnos cuya discapacidad les impide hacer uso de las escaleras, lo que denota la falta de empatía y sensibilidad del gobierno de Patricia Cavada".

La edil lamenta que el gobierno de PSOE y Cs no se haya puesto en contacto con estas personas para ofrecerles una explicación. "Hay problemas que son muy fáciles de solucionar, como este. Simplemente tendrían que haber trasladado la clases a la planta baja, pero frente a esto se ha optado por dejar fuera a estas mujeres solo porque tienen movilidad reducida. Eso se llama discriminación", advierte.

El PP pone en cuestión que desde el equipo de gobierno se exija a otras administraciones por distintas cuestiones mientras que mantiene en estas circunstancias unas dependencias que son de su exclusiva responsabilidad. Esto les "desacredita". La rehabilitación del edificio que alberga la escuela en la plaza San José, que en su momento ocuparon los Juzgados de la ciudad, terminó hace justamente 3 años, en septiembre de 2019. Ya entonces, recuerdan desde las filas populares, tanto la formación como las entidades de personas con discapacidad alertaron de la falta de accesibilidad de un edificio público que había supuesto una inversión de casi 700.000 euros (670.000 euros). Concretamente, los populares encargaron un estudio de accesibilidad a una consultora que arrojó deficiencias hasta en siete puntos del inmueble que lo hacían poco o nada accesible para todas las personas.

Desde el año pasado "estamos denunciando problemas que solo pueden ser achacables a una deficiente construcción y al nulo seguimiento de las obras por parte del Ayuntamiento; así como al nefasto mantenimiento municipal del edificio", apunta Malu del Río.

El ascensor está más tiempo estropeado que en funcionamiento, se queja. "¿Qué es lo que pasa?", se pregunta la concejala, máxime cuando el contrato suscrito por el Ayuntamiento con la empresa de ascensores garantiza "que en el plazo máximo de 24 horas, el envío de personal competente cuando sea solicitado por el Ayuntamiento o por el personal encargado del servicio ordinario del aparato para corregir averías que ocasionen la parada del aparato sin atrapamiento de personas en cabina, y de manera inmediata cuando sean requeridos por motivo de parada del aparato con personas atrapadas".

En julio el Ayuntamiento adjudicó el mantenimiento preventivo de tres ascensores municipales, entre ellos este, por 4.000 euros. "Aún así, ¿por qué no se desplazan las clases a la planta baja para que puedan acudir quienes tienen su movilidad reducida? Es la pregunta que Cavada continúa su responder", finaliza.