Algunos mayores que podrían beneficiarse de una plaza de residencia amparados en la Ley de Dependencia no lo hacen porque la realidad es que en San Fernando sólo hay hasta la fecha un centro de ancianos. No hay suficientes plazas. Ni para personas mayores ni para otro tipo de dependientes. Tampoco hay suficiente financiación a los ayuntamientos. Al menos eso denuncia el PP.

Algunos datos, no por ser escalofriantes, dejan de poner de manifiesto la realidad de una ley que son las administraciones locales las que se encargan de trasladar del papel a la realidad. Es el caso de los 114 solicitantes que han fallecido mientras que se tramitaban sus expedientes, de modo que no han llegado a recibir nunca ningún tipo de ayuda. Como contrapartida, sólo seis han muerto siendo ya beneficiarios de la Ley de Dependencia. Y es que el tiempo medio que tarda en gestionarse la petición es usual que llegue a los nueve o diez meses.

La presidenta del Partido Popular local, Carmen Pedemonte, y el delegado general de Bienestar Social, Jesús Perulero (PP), mostraron ayer su malestar ante el modo y la lentitud con la que la Junta de Andalucía está llevando a cabo el proceso de aplicación de esta normativa.

El caso de La Isla, además, es especial debido al gran número de entidades sin ánimo de lucro que prestan ayuda a colectivos desfavorecidos. En muchas ocasiones los centros que abren sus puertas tienen plazas concertadas con la Junta. Pero el suelo para su construcción suele ser cedido por el Ayuntamiento y, a pesar de que se concierten plazas con la Junta, la gestión sigue siendo privada. Y, no por existir más asociaciones de ayuda mutua, la localidad recibe más compensación económica del Gobierno Central.

"Lo de San Fernando es un importante agravio comparativo", considera el concejal de Bienestar Social, "Deberíamos tener una atención prioritaria de la Junta por las condiciones especiales de nuestro término municipal".

Los datos del equipo encargado de estas tareas en Servicios Sociales revelan que hasta el pasado 21 de octubre había un total de 1.677 solicitudes aprobadas por la Fundación. 240 casos habían recibido ya el visto bueno de la Junta de Andalucía, de los que en la actualidad sólo 125 reciben una ayuda efectiva, ya sea económica o de otro tipo (asistencia domiciliaria, residencias, unidades de estancia diurna...) De manera que aún existen otras 1.437 peticiones que se encuentran todavía a mitad de la tramitación necesaria.

La problemática real radica en que, una vez concedida la ayuda, si se trata del ingreso en una residencia en San Fernando no existen plazas disponibles. Este hecho, unido a la poca estabilidad de los programas de ayuda que pone en marcha la Junta -que duran unos meses o años y luego concluyen sin más-, han hecho que los populares denuncien "el fraude social y electoral" en que se ha convertido esta actuación, según palabras de la propia Pedemonte. Ya que, a su parecer, el artículo 15 de esta ley contempla que hay que dotar de suficientes infraestructuras a los municipios para que puedan hacer frente a esta nueva competencia. "Año y medio después se está viendo que las grandes expectativas creadas se quedan agüadas o en nada", concluye la popular.