La ayuda para familias en exclusión social que ya no cuentan con ningún tipo de prestaciones debería ser abonada por la Junta de Andalucía desde el pasado mes de enero. Sin embargo, desde el Partido Popular (PP) denuncian que han recibido quejas de algunas de estas personas que han visto como sus peticiones para obtener la renta mínima de inserción no han sido resueltas hasta la fecha. "Había dos meses de tramitación, pero no se está cumpliendo", apunta la concejala María José Alba, que pide a la alcaldesa, Patricia Cavada, que atienda esta situación y reclame a la Administración andaluza que se agilicen los trámites.

"No es justo que quienes más necesitan de la ayuda pública vean incrementado su sufrimiento con este desprecio de la Administración autonómica", subraya la edil popular. Hasta la entrada en vigor de esta medida incluida en los presupuestos de la Junta de 2018 era el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, la administración que se hacía cargo de cubrir las necesidades de estas familias con el pago de los recibos de agua y luz y de la ayuda para suministros mínimos vitales. A fecha actual decenas de familias, cuestionan desde el PP, no han visto que la nueva ayuda sustituya a estas que han dejado de percibir, lo que hace que estas familias se encuentren en un situación límite.

La renta mínima de inserción venía a suplir en los planes de la Junta el conocido como ingreso mínimo de solidaridad, "una ayuda que presentó grandes problemas de eficacia durante su vigencia". En concreto, según las explicaciones de María José de Alba, "ha sido constante la presentación de quejas por los retrasos y dilaciones en la tramitación de esta prestación y la insuficiencia del presupuesto destinado".