El PP de San Fernando ha solicitado al Ayuntamiento de San Fernando la adopción de medidas para actuar contra la ocupación ilegal de viviendas.

El presidente y portavoz de la formación en la localidad, José Loaiza, ha asegurado que "San Fernando no es ajeno a esta problemática; la ocupación ilegal es también una preocupación para nuestros ciudadanos y creemos que el Ayuntamiento también puede, y debe, adoptar medidas para combatir una lacra que acaba con la seguridad jurídica de nuestros ciudadanos".

Entre estas propuestas, los populares solicitan la puesta en marcha de un protocolo específico de actuación rápida en la Policía para dar solución a los problemas creados por la ocupación ilegal de viviendas de titularidad privada y pública.

También pide el PP la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y los Colegios de Abogados y Procuradores de Cádiz un convenio, con dotación presupuestaria, con el fin de que estos generen equipos especializados en el problema de la ocupación, dando además cobertura jurídica y asesoría a los propietarios afectados.

"Tenemos la obligación de combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad para con nuestros vecinos", afirma Loaiza.

Durante los últimos años -insiste el PP iseño- el proceso de ocupación de viviendas de titularidad privada se ha acrecentado a niveles altamente preocupantes. "El fenómeno de la ocupación ha aumentado en los dos últimos años en torno a un 35 por ciento y se estima que, a día de hoy, en España hay en torno a 115.000 viviendas ocupadas. Y esta cifra, gracias al colaboracionismo del Gobierno de España, no para de crecer día a día".

Cuando hay una ocupación ilegal, hay un acto contrario a derecho, insiste el PP. "No puede ser que las nuevas políticas instauradas por uno de los socios e integrantes del Gobierno de España se basen en considerar la ocupación ilegal de viviendas como una situación tolerable o admisible o una forma común de adquisición de vivienda, como no lo es cualquier otra conducta contraria al ordenamiento jurídico", subraya Loaiza.

Finalmente, José Loaiza asegura que el Ayuntamiento debe hacer legalmente cuanto esté en su mano para evitar este tipo de delitos "y estas propuestas son buena prueba de ello". "El Gobierno municipal no debería pasar por alto un asunto que también preocupa a muchos isleños. Ha llegado el momento de que, en vez de alentar a la ocupación ilegal, se actúe contra ella", concluye.