Una resolución de la Oficina Antifraude Andaluza traslada la denuncia contra el nombramiento del nuevo gerente de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa) llevado a cabo por el gobierno municipal al Ayuntamiento de San Fernando para que sea el propio Consistorio -de cuyo gobierno sale la denominación del responsable de la empresa pública- el que "investigue e inspeccione el procedimiento de designación" en el ejercicio de sus funciones de control. 

Así lo ha resuelto la Subdirección de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la citada Oficina a raíz de los hechos denunciados por la formación política local Plataforma 3R en junio de 2023 y tras considerar en el caso del nombramiento del gerente los argumentos planteados desde Esisa relativos al cumplimiento de los requisitos de mérito y capacidad exigidos por el TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público).

Eso sí, desde la Oficina Antifraude Andaluza se señala que "no se ha llevado a cabo un proceso selectivo con publicidad", lo que podría implicar según el artículo 25 de los Estatutos de Esisa, donde se definen las funciones del gerente, "que este puesto no tiene la condición de directivo dentro del ámbito de la empresa", por lo que en aplicación del artículo 48.3 de la LAULA (Ley de Autonomía Local de Andalucía) para su designación se debería haber realizado un procedimiento selectivo con publicidad. De ahí que emplace al Ayuntamiento, a la propia administración local, a investigar esta cuestión.  

Una segunda parte de la resolución de la Oficina Antifraude Andaluza relacionada con la denuncia de este partido local -que en las pasadas elecciones prometía "el cierre y disolución de Esisa"- alude a la situación financiera deficitaria de la citada empresa municipal durante varios ejercicios. En este caso, aunque la Oficina llega a referir "que se podría deducir la falta de verosimilitud de los hechos denunciados respecto a la actividad de la empresa pública", señala que dicha situación económica "incide negativamente en el cumplimiento del principio de eficacia en la asignación equitativa de los recursos públicos". 

Así que se concluye que "podría suponer un incumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria,de modo que, en virtud de las competencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía procede su traslado, a los efectos de la valoración por este órgano de la existencia de responsabilidad contable". 

La denuncia sobre Esisa planteada ante la Oficina Antifraude el pasado año aludía, sin embargo, a "hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de intereses públicos o financieros". 

Esisa, por otro lado, se encuentra ahora inmersa en un proceso de reorganización para transformarse en una empresa pública de servicios (HEMSA).