Un año ha pasado ya de las polémicas tasaciones de los pisos militares del Merendero que realizó el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas) para iniciar el proceso de enajenación de las casas que estaban pendientes de venta en esta barriada, un total de 180 viviendas distribuidas entre las calles Cádiz, Cartagena, Ferrol y un tramo de Marqués de la Victoria.

Los precios fijados por este órgano del Ministerio de Defensa despertaron una oleada de indignación entre sus inquilinos legales, que aspiraban a la compra de las fincas, al duplicar el valor de venta de las viviendas que tan sólo un par de años antes habían sido enajenadas a sus vecinos de las calles Bonifaz, Florencio Montojo y el otro tramo de Marqués de la Victoria. De pedir entre 40.000 y 48.000 euros -entre siete y ocho millones de las antiguas pesetas- el Invifas fijó el nuevo precio de venta de las casas en torno a los 84.000 euros, unos catorce millones de pesetas.

Los vecinos afectados rechazaron las tasaciones y recurrieron a la Asociación Nacional de Compradores y Usuarios de Viviendas del Ministerio de Defensa (Anuvimde) para impugnar las condiciones de venta del Invifas. El recurso de reposición fue posteriormente rechazado por Defensa. La mayoría de los inquilinos optó por aplazar la compra de los pisos -tan sólo una cuarta parte accedió- y la asociación nacional de afectados presentó un contencioso, que aún está en sus fases iniciales.

Pero el intrincado asunto acaba de dar un nuevo giro que reconducirá la vía judicial emprendida. Ayer, los representantes de Anuvimde volvieron a reunirse con los vecinos del Merendero en el salón de actos de la Casa de la Cultura para darles cuenta de la propuesta planteada por el Ayuntamiento.

Ya en junio del año pasado, el colectivo, al hacerse eco de la causa, pidió al Ayuntamiento que se personara en el recurso contra el Invifas para que Defensa procediera a la enajenación de los pisos militares como si se tratara de viviendas protegidas. Alegaba la asociación nacional que en su día los terrenos habían sido vendidos por el Consistorio al antiguo Patronato de Casas de la Armada con esta condición. Pero el Ayuntamiento, atendiendo a lo dictado por los servicios jurídicos municipales, descartó esta opción y rechazó personarse directamente en el recurso.

Sin embargo, existe una vía indirecta que hasta ahora no se ha utilizado en estos procesos -existen miles de casos que gestiona Anuvimde en España- y que podría dar un giro a todo el proceso. Se trata de una alternativa aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado día 2 de marzo y que los representantes de Anuvimde han acogido con gran entusiasmo. Ayer se la expusieron a los afectados.

Según explicó el portavoz del Gobierno local y delegado municipal de Presidencia, Francisco José Romero (PA), se trata de una vía jurídica recogida por la Ley de Bases de Régimen Local (artículo 68.2) y que se califica como el ejercicio de la acción vecinal, que permitiría a los efectos ejercer las acciones legales en nombre del Ayuntamiento. "La acción vecinal permite a los vecinos ocupar el lugar del Ayuntamiento procesalmente para emprender las acciones que estimen oportunas", explicó el portavoz del equipo de gobierno.

La alternativa pasa ahora por acogerse a este artículo de la Ley de Bases de Régimen Local para poner en práctica la acción vecinal ejercitando las acciones legales en nombre del Ayuntamiento. Según explicó Jesús López, representante de Anuvimde, ayer a los vecinos, este vía permitiría iniciar y acabar el recurso en Cádiz.

A efectos del cómputo del plazo que permita a los vecinos recurrir a esta vía, el Ayuntamiento también ha dado una solución a los afectados ya que el recurso que autoriza la enajenación de las viviendas del Merendero no ha sido notificado a la Corporación Municipal, pese a requerirse de manera expresa al Invifas.

Desde Anuvimde se señalaron ayer dos peculiaridades del caso de esta barriada de San Fernando ya que por un lado se trata de viviendas construidas para funcionarios del Ministerio de Defensa con "renta limitada", esto es, protegidas, y por otro se circunscriben a terrenos vendidos por el Ayuntamiento al antiguo Patronato de Casas de la Armada a condición de que se emplearan para la construcción de pisos protegidos. Entiende la asociación que ahora estas casas no pueden venderse conforme a tasaciones basadas en los precios actuales del mercado.

Con todo, al margen de este intrincado proceso, la mayoría de los inquilinos ha optado por aplazar la compra de sus casas.