La Asociación de Mariscadores Virgen del Carmen tendrá que devolver una parte de la subvención de 120.000 euros que en 2011 le concedió el Ayuntamiento para la construcción de una nave para su proyecto de la depuradora de moluscos en terrenos de la zona conocida como La Chapela, junto a Puente de Hierro. Concretamente, el reintegro a las arcas municipales que se le reclama es de 35.650 euros que no han sido debidamente justificados, según los informes de la Intervención General.

"Varias de las facturas no tienen acreditado el pago, como establece la ley; y algunas no pueden admitirse como las facturas del gasto telefónico", apuntaba ayer el concejal de Presidente, Conrado Rodríguez, que informó de que ya se había notificado del procedimiento tanto a la Asociación de Mariscadores como a los distintos grupos municipales.

En la sesión plenaria de septiembre del año pasado el PP solicitaba a través de una moción la concesión de una nueva ayuda, esta vez de 35.000 euros, a la entidad para que ésta pudiera afrontar la segunda fase de su proyecto. El punto fue aprobado y se remitió a los servicios municipales para que hicieran el correspondiente informe. La respuesta del interventor fue que no era posible porque seguía pendiente de justificación la primera subvención concedida por la administración local. "Fue una subvención que aprobó el pleno y cuyo convenio se firmó en septiembre de 2011. En el documento se fijaban unos plazos", detallaba ayer el también responsable municipal de Desarrollo Económico. Como límite para la ejecución de la construcción de la nave se señalaba el 19 de marzo de 2013. Antes de llegar a esa fecha Virgen del Carmen pidió una prórroga de nueve meses que se le concedió. "El plazo final fue el 19 de diciembre de 2013 y partir de entonces tenían tres meses para justificar los gastos, es decir, hasta marzo de 2014", añadía. No se exigió entonces la entrega de la documentación.

"Tras el informe de Intervención se le indicó a la entidad que debía acometer la justificación, aún cuando ya estaba fuera de plazo. Se ha actuado con la mayor flexibilidad posible, porque el informe técnico no se basa en defectos de forma, sino que se ha tratado de analizar el fondo", exponía Rodríguez. Por eso, en lugar de optar por reclamar la subvención completa se ha aceptado la documentación que la entidad de mariscadores ha entregado hasta en cinco ocasiones más -después de que en la primera ocasión en noviembre pasado se estimara que no estaba completa y se requiriera que lo subsanase-. Finalmente, algo más de una cuarta parte de la subvención no ha sido justificada convenientemente. Entre otras cuestiones, varias de las facturas presentadas no tenían acreditado el pago, requisito que debe cumplirse como establecen tanto la ley como el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la asociación. No son computables como gastos subvencionables de la construcción las facturas telefónicas. Tampoco son válidos los gastos de personal tanto del presidente de la entidad como de un familiar. "Aunque se hayan producido esos gastos, porque han estado implicados en la construcción, la Ley General de Subvenciones impide que gastos de personas relacionadas con la entidad que recibe la subvención o personas con un vínculo familiar con algún integrante puedan ser incluido en los costes justificados.

El mayor volumen en esa falta de justificación corresponde al IVA de las facturas, algo que la Ley General de Subvenciones no toma como gasto subvencionable: "El IVA es un impuesto indirecto que se paga con cada factura. Podría incluirse si la entidad que lo paga no liquidara el IVA y por tanto no se lo devolvieran. Pero la asociación, que actúa en este caso como una actividad empresarial, tiene que hacer la liquidación del IVA y Hacienda devolvérselo. Como es un dinero que retorna a la asociación, no puede ser computable para la subvención".