En San Fernando en el último año se han producido unos 240 desahucios, actualmente hay 42 familias afectadas por lanzamiento. La crisis económica y las consecuencias de ésta para las familias isleñas pueden hacer, sin embargo, que esta situación se agrave. Ante eso llega a La Isla una iniciativa que lucha contra los desahucios, intentando prevenir ese momento traumático: es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Colectivos como el de parados isleños, que componen unas 25 personas, afectados, profesionales, personas a título personal y miembros de Izquierda Unida (IU) se han unido a esta acción social, que nace ya con trabajo por delante.

La intención es ayudar de manera organizada a las personas con problemas por impago de sus hipotecas, incluso a las que están en riesgo. "Porque cuando el procedimiento está en marcha es muy difícil poder llegar a una solución", explicó Martín Vila, abogado de IU que se encargará de asesorar a los afectados. También estará a disposición de quienes pidan ayuda a la plataforma el letrado Francisco Guerrero. Es una manera de sustituir la tarea que una oficina de atención municipal, que demandó la formación izquierdista en el pleno y se rechazó, desarrollaría. "La oficina abierta por la Consejería de Fomento y Vivienda, que está en Cádiz, está asesorando a esas familias que se encuentran con dificultades económicas y podrían perder sus casas. Hacen de intermediarios con las entidades financieras para buscar una solución", comenta Antonio Gil, integrante de IU, que pretendía que la Administración local firmara un convenio con la Junta de Andalucía para dar este servicio a los ciudadanos de La Isla. Uno de los casos actuales de posible lanzamiento está precisamente siendo atendido por esta oficina. Una de las familias desalojadas (por supuesta aluminosis) del bloque número 5 de la calle Juan Franzón Añino, de La Ardila, espera una solución a su problema. Fuera de su casa, en alquiler en otra, no pudieron seguir pagando la hipoteca al quedarse en paro y tener que asumir una renta durante estos meses. "El abogado ha presentado escrito, y en unos días podría parar el lanzamiento", cuenta Antonio.

La organización de la plataforma busca además sumar esfuerzos y recursos, para asesorar, como se ha dicho, pero también para movilizarse; también para ayudar económicamente a estas personas. Para buscar viviendas baratas para alquiler, para acondicionar esas nuevas casas. Sobre esta cuestión gira una de sus críticas: la existencia de viviendas vacías en la ciudad, en propiedad de las entidades financieras; o incluso fincas sin uso a lo largo de la ciudad. "La Junta sólo tienen dos pisos sin ocupar, uno de ellos en el inmueble desalojado en La Ardila", aclara Gil.

La semana pasada se realizó la primera reunión. Habrá más. El colectivo de parados entiende que hay muchas personas a las que estos problemas dejan en muy grave situación. "Nosotros mismos -exponían en el encuentro- podríamos vernos en éstas en el futuro". Efectivamente, son un colectivo de riesgo. Conscientes, han decidido echar una mano.