El PP aireó ayer un informe de reparo de Intervención en el que se cuestiona en términos muy contundentes el procedimiento administrativo seguido en la contratación de las obras llevadas a cabo en el antiguo Museo Histórico Municipal para la adaptación de varias dependencias municipales, entre las que se incluirá la nueva sede de Alcaldía-Presidencia.

En dicho informe, que se dio a conocer a los diferentes grupos políticos en la comisión informativa de Hacienda y del que se dará cuenta en el próximo pleno ordinario, Intervención advierte principalmente de dos irregularidades: el "fraccionamiento ilegal de las obras", lo que ha favorecido un contrato negociado y sin publicidad a pesar de que los trabajos llevados a cabo superan en su conjunto los 200.000 euros de tope que se fijan para este procedimiento; y la "modificación del contrato prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido e incurriendo en este caso en nulidad de pleno derecho".

Fueron fragmentos literales del informe de Intervención que el portavoz y presidente del PP isleño, José Loaiza, hizo públicos poco después de la reunión de la comisión informativa de Hacienda para exigir explicaciones al gobierno municipal e insistir en sus críticas ante unas obras -y un gasto- que considera completamente innecesarias y que además, ahora, han derivado en "un problema jurídico y administrativo".

La adaptación de la finca que albergaba el Museo -recordó el dirigente popular- se licitó por 181.000 euros, si bien esta cantidad consiguió rebajarse en el momento de la adjudicación hasta 130.000 euros. No obstante, a la terminación de las obras, la empresa adjudicataria liquidó un 10% más -algo que contempla la ley- alegando exceso de medición, lo que incrementó su coste final en unos 13.000 euros.

El problema, señaló Loaiza, es que Intervención asegura en su informe que no existe exceso de medición alguno sino que "se trata de obras que no venían en el proyecto" y que, por tanto, tendrían que haber seguido otro proceso de licitación. De ahí que se hable de una modificación de contrato que no ha seguido el procedimiento establecido para señalar su "nulidad de pleno derecho". Por otro lado, a ese diez por ciento que se justifica con exceso de medición -relata el PP- se suma además "otro tipo de contratos menores que se incorporan hasta alcanzar los 181.000 euros por los que inicialmente se había licitado la obra. Entre estas actuaciones se incluye la adecuación de una línea de voz y datos para las nuevas dependencias municipales, cuestión que ha sido especialmente criticada por los populares. "¿Acaso no se habían enterado antes de que había que llevar internet y teléfono o es que el despacho de la alcaldesa no iba a tener?", se preguntó el portavoz de la formación.

De ahí que el informe hable de "fraccionamiento ilegal de las obras" , insistió Loaiza, al considerar que se trata de contratos que deberían haber estado incluidos desde el principio en el proyecto de adaptación del edificio. "Sumando el valor estimado del contrato y el importe de la estimación de los trabajos necesarios para que el citado edificio pueda destinarse a su finalidad superaría los 200.000 euros y por tanto tendría que haberse optado por un procedimiento de adjudicación ordinario y no acudir al extraordinario de negociado sin publicidad obviando la publicidad que el citado expediente requería", dijo el dirigente popular citando textualmente los argumentos de Intervención.