La formación política Plataforma 3R ha dado a conocer este jueves, apenas a unas horas de que comience la campaña electoral de las municipales, que la Fiscalía Especial de Medio Ambiente ha abierto diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por este mismo partido local ante la situación de colapso en la que se encontraba el depósito de la Policía Local, donde se habían llegado a acumular en torno a 150 vehículos en los últimos años a la espera de su retirada y tratamiento al considerarse residuos peligrosos. 

La situación, que desató también las protestas sindicales y que ha motivado la apertura de un expediente sancionador de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Economía Azul contra el Ayuntamiento de San Fernando, se debía que el contrato vigente para afrontar la retirada y el tratamiento autorizado para la eliminación de los vehículos retirados de la vía pública por abandono expiró en el pasado año 2020 sin que el Consistorio isleño hubiese licitado un nuevo contrato. 

De hecho, no ha licitado uno nuevo hasta esta misma semana, si bien a finales del pasado mes de marzo -tras conocerse la apertura del expediente sancionador de la Junta- dio trámite con carácter urgente a un contrato para afrontar la retirada y el tratamiento de todos los vehículos acumulados en el depósito.    

Según Plataforma 3R, "el ministerio publico advierte de que los hechos narrados sugieren la apertura de investigación penal, los acota preliminarmente sin perjuicio de una ulterior calificación de que podrían ser constitutivos de presuntos delitos y ordena diligencias de investigación". De prosperar, el tema se derivaría a los Juzgados para la instrucción de oportunas diligencias. 

En el expediente sancionador abierto contra el Ayuntamiento isleño, Medio Ambiente señala dos infracciones muy graves y advierte del riesgo ambiental y del peligro de incendio que había suscitado la acumulación de los vehículos recriminando al Consistorio que no hubiese cumplido con su responsabilidad para afrontar su debido tratamiento y retirada como residuos peligrosos. También se advertía del riesgo que esta situación suponía para edificios cercanos como un centro educativo y una residencia de mayores, que lindan con las citadas instalaciones municipales.