'Embargado' por un error administrativo

"Un error de un funcionario está decidiendo mi vida, la está catapultando a la ruina". Las palabras de Juan José Redondo Revidiego rezuman pesimismo ante la situación que está viviendo. Huérfano de madre a los diez años y de padre dos años después, este joven isleño de 28 años, y con una discapacidad física, tiene ante sus hombros la amenaza del embargo por parte de la Seguridad Social de su hogar, concretamente la mitad que por herencia le corresponde de la casa familiar, donde ahora mismo sobrevive. Porque a este problema se suma la falta de ingresos de cualquier índole para mantenerse. Una mala asignación de la prestación de orfandad le condena, lamenta, a un futuro incierto.

Juanjo tiene una carrera universitaria: comenzó en la Universidad a Distancia (UNED) Educación Social, aunque pronto se marchó para desarrollar sus estudios a Sevilla, a la Universidad Pablo Olavide. Para tener dinero para acabar esos estudios solicitó una prórroga de la prestación de orfandad que recibía desde la muerte de sus padres. Se la aprobaron, pero en ese tiempo la ley fue modificada y el límite normal para recibir la pensión subió de los 24 a los 25 años. "Siguieron pagando todo el año hasta que cumplí los 25, así que entonces pedí la prórroga que me correspondía", cuenta. Asumió que al haber cambiado la normativa la primera pórroga se había quedado anulada y que le pagaban por los meses que le quedaban hasta llegar a esa nueva edad máxima. No fue así por un error de la administración y desde hace dos años le piden la devolución de parte del dinero recibido. "Es un error de ellos, y lo tengo que pagar yo", se queja.

Las cartas de la Seguridad Social comenzaron a llegar a su casa de San Fernando en marzo de 2013, cuando Juan José Redondo aún se encontraba en Sevilla, por lo que no se enteró del problema hasta agosto de 2013. La cuantía que le exigían superaba los 5.500 euros en un principio. Su situación le había inviable devolver el dinero entonces, y tampoco ahora, que con recargos e intereses de demora ha subido hasta algo más de 7.000 euros. Ante esto, la administración procedió a iniciar un proceso de embargo de sus propiedades, en este caso la parte de la vivienda familiar que le corresponde por herencia. La última notificación le informa de que debe entregar los títulos de propiedad en diez días desde la recepción y que en el plazo de quince se procederá a la tasación. "No sé qué va a pasar entonces. No sé si podré quedarme, porque no sé qué pasa con la parte de mi hermana", con la que reconoce no tiene buena relación.

Al tema de la casa, se suma la necesidad de ayudas para poder pagar los recibos, como el de la luz, que en próximas fechas podrían cortarle. "La burocracia me está volviendo loco. No paran de pedirme documentos y papeles para todo", cuestiona. No tiene DNI, advierte, porque no ha tenido dinero para renovarlo, y eso ha hecho que no pudiera hacer los trámites con el banco para que no le bloqueran la cuenta.

La desesperación se percibe en el cansancio de su voz, en el lamento de sus palabras, en el pesimismo de las afirmaciones de quien a duras penas subsiste. El círculo de Podemos San Fernando le ayuda "mucho, mucho, mucho". Le llevan comida y le limpian la casa. El coordinador local de IU, Gonzalo Alías, se ha preocupado por su situación y ha mantenido contactos con la Seguridad Social para buscar una solución. "Estamos intentando que la Seguridad Social paralice el procedimiento y aplace el pago para cuando Juanjo tenga medios para hacerlo, pero es complicado por la normativa", explica Alías. "También me ayuda Facali, una asociación de mujeres gitanas universitarias".