El equipo de gobierno sigue adelante en su intención de cerrar la Sala Muelle, que continúa abierta a pesar del decreto municipal por el recurso presentado por los propietarios que ha retrasado la medida. Para responder a los argumentos de la demanda de los dueños, el Ayuntamiento ha solicitado información a la Junta de Andalucía, implicada en este expediente administrativo.

Desde la administración local se expone al Gobierno andaluz que en las alegaciones presentadas por los responsables de la Sala Muelle estos comunican que han iniciado un procedimiento judicial contra la resolución de la Viceconsejería de Turismo por la cual se cancela la inscripción del establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía del Hotel-Hostal San Muelle.

Hay que recordar que la Junta había tomado esta medida tras las inspecciones realizadas en la que se certificaba que el negocio no cumplía los requisitos como hostal-pensión. La decisión permitía además que el Ayuntamiento decretara el cierre del lugar en cuestión, a finales de agosto, al dejar sin efecto su autorización para el ejercicio de la actividad hotelera. Meses después, sin embargo, el local –ubicado en el polígono industrial de Fadricas–mantiene su actividad, ante los recursos presentados por la propiedad en el Consistorio para evitar perder su licencia de hostal con uso asociado de bar y salón de celebraciones.

Esas alegaciones aluden, según los datos aportados por el gobierno municipal, a la existencia de un procedimiento contencioso administrativo en marcha, en la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla.

Ante estos datos, desde el equipo de gobierno se reclama más información sobre las consecuencias derivadas de la judicialización del tema: si la Delegación Territorial de Turismo ha efectuado alguna suspensión cautelar de la eliminación de la inscripción en el Registro de Actividad Turística de Andalucía o si la Sala de lo Contencioso Administrativo ha acordado esa cautelar. Se trata de información necesaria para que el Consistorio resuelva de un modo u otro las alegaciones contra el cierre decretado.

La postura de la propiedad de "recurrir y pelear" no coge del sorpresa al gobierno municipal, que ya cuando anunció el cierre en agosto dejó claro que seguiría firme en su intención de paralizar la actividad de este negocio "que había burlado la ley bajo la apariencia de un hostal para permitir en su interior la prostitución". Ahora se mantienen en esa postura. "Desde luego no vamos a cesar en el empeño y seguimos trabajando para llegar al cierre definitivo", aseguran.