Tribuna

Sistema Público de Salud: ¿‘quo vadis’?

  • España posee un sistema que, hasta ahora, ha gozado del beneplácito de los españoles

La universalización de la asistencia sanitaria, entre otros, solo es la punta del iceberg de un problema mayor La universalización de la asistencia sanitaria, entre otros, solo es la punta del iceberg de un problema mayor

La universalización de la asistencia sanitaria, entre otros, solo es la punta del iceberg de un problema mayor

El siglo XX trajo a Europa occidental una serie de logros públicos que, sin duda, han pasado a formar parte de la estructura del Estado. No se concibe la existencia de una nación que se considere moderna y europea sin la presencia de estructuras públicas tales como la sanidad, la educación, el sistema de pensiones, la asistencia a la enfermedad, el paro, las jubilaciones, la ayuda a los discapacitados... y tantos otros logros de nuestra sociedad occidental que no tiene marcha atrás.

Aquí no hay ni debe haber diferencias según gobiernen unos u otros, aún cuando cada opción tendrá sus limitaciones y sus preferencias por potenciar uno u otro concepto, sino que estos apartados forman parte del propio organigrama del Estado.

El sistema impositivo a las rentas particulares, a las sociedades y a los bienes de consumo encuentra su justificación en el sostenimiento de la estructura del estado, no solamente en su mantenimiento en sí mismo, sino en el desarrollo de estos bienes que son los que llegan a la vida cotidiana de los ciudadanos y los que justifican lo elevado de sus cifras. Llamó nuestra atención hace unos años, el movimiento que tuvo lugar en un país nórdico en contra de la bajada de impuestos, pensando que con ello se podría poner en peligro la calidad de los servicios públicos, así como la cuantía de sus prestaciones.

Fue, sin duda, un ejemplo de valoración de los ciudadanos hacia su administración pública y un voto de fe a los administradores en los que habían depositado su confianza. España dispone de un Sistema Público de Salud que, hasta ahora, ha gozado del beneplácito de los españoles. En general, estos han manifestado una y otra vez la confianza en la Sanidad Pública, así como su satisfacción cuando han necesitado de ella, sobre todo si se trata de cuestiones importantes.

El nivel de satisfacción disminuye de forma notable cuando se trata de procesos banales y problemas cotidianos. Podríamos resumir diciendo que los españoles, en general, están satisfechos de la atención hospitalaria y especializada, pero menos de la atención primaria y de la forma de atender los problemas cotidianos.

No podemos perder de vista que en la España de las autonomías, los Sistemas Públicos de Salud están trasferidos y están en manos de las administraciones autonómicas. No tenemos, por tanto, un Sistema Público de Salud, sino tantos como comunidades autónomas. Y aquí radica uno de los problemas: no existe siempre una adecuada coordinación entre las diferentes administraciones y las diferencias entre unas y otras se dejan notar nada más que decide uno trasladarse a lo largo de la geografía nacional y siente la necesidad de acudir a un centro asistencial público.

La universalización de la asistencia sanitaria, la asistencia solidaria a cuantos inmigrantes necesiten de ella y el envejecimiento de la población son solo la punta de un iceberg que pone en peligro la calidad de la asistencia, cuando no la propia supervivencia del sistema.

El aumento de los costes de las modernas técnicas de diagnóstico, del personal asistencial especializado, del gasto farmacéutico, de las campañas de prevención o las cada vez mayores necesidades administrativas, suponen un reto para las administraciones públicas occidentales que ven en ello un monstruo que no deja de crecer. El gasto sanitario tiene tendencia irremediable a aumentar, pero ¿hasta dónde es posible su control sin que disminuya la calidad asistencial? ¿Cómo se consigue elevar los patrones de eficacia sin que se ponga en peligro el mantenimiento del sistema? Sin duda eso es hacer política.

El paso atrás es irrenunciable. La solución no estará probablemente en la privatización del sistema, sería retroceder. Como simple observador, que no experto, pienso que la solución está en la optimización de los recursos existentes mediante la colaboración entre los sistemas públicos y privados. Los recursos están ahí y lo que hay que procurar es aprovecharlos de la mejor manera posible. Determinados colectivos de funcionarios, por poner un ejemplo, optan por una asistencia en empresas privadas, sin que por ello su sistema deje de ser considerado público.

Esa es su forma de asistencia, podríamos llamar, pública, en tanto es sufragada por una institución del Estado. Como simple observador, vuelvo a repetir, que no cómo experto, pienso que la sanidad pública y la privada están condenadas a entenderse. De su colaboración dependerá un mejor uso de los recursos disponibles y un mayor grado de satisfacción por parte del usuario. Haciendo un poco la cuenta de la vieja, para que todos lo entiendan, si con ello conseguimos reducir la factura sanitaria pública y además las empresas privadas consiguen beneficios, siempre que estén debidamente inspeccionadas y paguen religiosamente sus impuestos, todos nos veremos beneficiados. Lo contrario sería reducir costes a expensas de la calidad asistencial y eso es inadmisible.