Visitar el infierno nunca es agradable. Ni por unas horas. Sólo hay dolor, violencia, amenazas, sangre. La piedad no existe, y si hay que torturar para conseguir lo que se quiere, pues se tortura, que para eso esto es un negocio de hombres duros. El negocio en cuestión es el narcotráfico, y los hombres duros no lo son tanto cuando caen en manos de otros hombres más duros, más salvajes y con menos escrúpulos.

En los últimos tiempos, los secuestros exprés han aumentado en la provincia de Cádiz. El último de ellos tuvo lugar el pasado fin de semana en Sanlúcar de Barrameda. Un hombre, que no ha presentado denuncia, algo habitual en estos casos, desapareció cuando circulaba en un coche por la localidad. Otro vehículo lo interceptó y se lo llevó a una nave de la carretera de Carranza junto a su hija y su sobrina, ambas de ocho años. Las dos crías fueron liberadas en poco tiempo. El hombre estuvo más horas retenido, aunque en esta ocasión no sufrió daños, no hubo la violencia habitual. La Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, cree que estamos ante un caso de ajuste de cuentas entre narcos. "A veces se pierde un alijo y entonces hay que encontrarlo, o pedir cuentas al responsable. Estamos ante gente muy desconfiada, que no se cree nada de nadie", comenta una fuente bien informada de la Benemérita.

En esta ocasión la Guardia Civil detuvo en pocas horas a cinco hombres, todos españoles y llegados para pedir explicaciones desde Sevilla. Uno de ellos portaba una pistola, una Walther CP88 de 4,5 mm, un arma muy utilizada en el negocio por ser pequeña, manejable, mortal.

Este tipo de secuestros suelen durar cuatro o cinco horas pero la Guardia Civil asegura que esto hace que la violencia se concentre de forma muy peligrosa. Eso ocurrió en la Operación Toante, que desarticuló una organización perfectamente jerarquizada que se dedicaba a la distribución de hachís. Aparte de intervenir 571 kilos de esta droga, 9 turismos, una motocicleta, siete embarcaciones, 29 teléfonos móviles, 2 GPS y un revólver detonador modificado para poder usar munición real. La operación se destapó cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del secuestro y la agresión de una persona en su propio domicilio, en un chalet de Conil, y sobre el que emplearon una violencia extrema. La víctima, con un alías muy conocido en el mundillo, llegó a su casa y se encontró a cuatro personas con los rostros ocultos y portando armas y un martillo. Lo inmovilizaron y comenzaron a golpearlo mientras era interrogado sobre el paradero de una partida de hachís. El infierno se prolongó por espacio de cuatro horas, en las que se ensañaron rompiéndole los dedos de los pies con un martillo para colocar azulejos y dándole martillazos en las rodillas en numerosas ocasiones. La Guardia Civil confirmó que la brutalidad llegó a tal punto en esta ocasión que llegaron a verter vinagre sobre las heridas sangrantes para provocar mayor dolor. Finalmente, los miembros de esta banda, al tener conocimiento de que la Benemérita estaba tras su pista, abandonó el lugar de los hechos antes de que pudieran llegar al mismo los agentes, aunque poco después fueron capturados. La violencia llega en casos a niveles superiores. "Hemos visto gente a la que le han dado un tiro en la rodilla o han ido cortándole los dedos de las manos para sacarle el paradero de un alijo", comentan.

Los secuestros exprés son una práctica común en países sudamericanos y desde allí se han exportado a mafias de la Europa del Este. En España comenzaron a realizarse en zonas de Cataluña, sobre todo Tarragona. "Había una banda de argelinos de una brutalidad descomunal que operaba por allí", dicen desde la Benemérita. Ahora, en la zona gaditana, los que llegan para ajustar cuentas suelen hacerlo desde la provincia de Sevilla. Allí esperan la información pertinente y cuando hace falta recabar información o apretar las tuercas sobre un alijo perdido, cogen la autopista y en la maleta solo llevan frialdad.

Los robos entre bandas están a la orden del día. A ese método se le denomina Vuelco, y es tan rentable como que tiene el 100% de beneficio. "No tienes que comprar la droga, sólo colocarla, y además no te van a denunciar por el robo por motivos obvios".

Los secuestradores intentan concentrar su actividad en poco tiempo porque hay diferentes figuras penales. Cuando se priva a una persona de su libertad se considera detención ilegal, pero cuando se pide algo para su liberación entonces estamos hablando de un secuestro, como ocurrió en el reciente caso de Sanlúcar, ya que parece ser que los captores se pusieron en contacto con los familiares del retenido. Las penas para la detención ilegal pueden ir de los cuatro a los seis años, y si se le pone en libertad antes de tres días sin que los captores lograran su objetivo la pena sería la de menor grado. Si el encierro dura más de 15 días la pena iría de cinco a ocho años. En los casos de secuestro, cuando se pide una condición para liberar a la víctima, el artículo 164 del Código Penal establece una pena de seis a diez años de prisión, dependiendo también de la duración de la retención.

Una de las prácticas que utilizan los narcos es marcar su droga, y de esta forma, cuando sufren el robo de un alijo están pendientes de ver por dónde aparece su sello para ajustar cuentas y encontrar a los culpables.

En abril del pasado año la Guardia Civil también detuvo a 15 integrantes de una organización que secuestraba y robaba a otros narcotraficantes. La operación, denominada Jacaranda, se inició a raíz de un robo con violencia cometido por un grupo de encapuchados en Chiclana. Interceptaron un vehículo, amenazaron a sus ocupantes con un arma larga y se llevaron el coche y la embarcación que transportaban en el remolque. Cuando los agentes de la Benemérita recuperaron el vehículo y la barca encontraron en la misma 500 kilos de hachís ocultos en un doble fondo, por lo que también detuvieron a las víctimas del robo.

Esta banda secuestraba a personas a las que trasladaban a un lugar seguro donde los agresores, durante horas, les propinaban agresiones físicas y amenazas, al tiempo que le exigían el pago de deudas relacionadas con el tráfico de drogas.

Una práctica muy común también en estas bandas, según comenta la propia Guardia Civil, es que se hagan pasar por agentes de las fuerzas de orden público. "No llevan uniformes pero sí placas de policías falsas y abundante documentación con la que consiguen parar coches y lograr intimidar a sus blancos".

Otra banda desarticulada en los últimos meses se dedicaba a robar plantaciones de marihuana de la costa Noroeste y agredían a sus propietarios si era necesario.

En un mundo tan violento, estos casos sobresalen de la media.