El juzgado de lo Social número 3 de Cádiz ha determinado que fue ajustada a derecho la sanción de más de 2,6 millones de euros que el Ministerio de Trabajo impuso a la Fundación Universidad Empresa (Fueca), última de las entidades que ofreció formación remunerada a los ex trabajadores de Delphi.

Según fuentes jurídicas, el juzgado ha rechazado la demanda interpuesta por Fueca contra la sanción que se le impuso por establecer con un sistema irregular de simulación de contratos laborales la relación con los 420 extrabajadores de Delphi que siguieron cursos de formación remunerada.

UGT y USO celebran que "se demuestra que los ex trabajadores no tuvieron nada que ver"

Fueca agotó las vías administrativas para recurrir esta sanción y después acudió a la vía penal con una demanda que ha sido ahora rechazada y en la que alegaba que en el sistema de contratación que se estableció intervinieron los representantes sindicales de los extrabajadores, los propios extrabajadores y la Junta de Andalucía, por lo que entendía que eran también actores y responsables de esta situación.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, argumenta que Fueca tenía mecanismos suficientes con los que debería haber sabido que estaba cometiendo una irregularidad, por lo que entiende que la sanción que se le impuso es legal.

Incluso, en sus conclusiones, la sentencia se basa en la declaración durante el juicio del que fuera gerente de Fueca, para asegurar que "fue llamado por Juan Bouza -en aquél momento delegado provincial de Empleo de la Junta- para asignarle la impartición de cursos de formación a antiguos trabajadores de Delphi, aunque condicionado a que debía contratarlos como trabajadores, siendo Bouza quien le comunicó quiénes debían ser la personas contratadas, motivo por el cual se les contrató como trabajadores, a pesar de que estos no iban a prestar servicios, pues por parte de la Junta se le aseguró que el proyecto para recibir las subvenciones pasaría todos los trámites de la propia Junta, lo cual le llevó a pensar que no había irregularidad; algunos integrantes del patronato de Fueca eran representantes de la Junta".

La sentencia también señala, sobre el tipo de relación entre la Fundación y los extrabajadores, que "la existencia de simulación (de contrato de trabajo) resulta de la circunstancia de que para una actividad exclusivamente formativa se acudiera a la formalización, no de una matriculación similar a la de un centro docente, como pudiera ser por ejemplo una escuela, academia o facultad, sino a un documento que utiliza en sus dos primeras carillas el formato o modelo de un contrato de trabajo, en el que constan datos, circunstancias y conceptos tan sólo concebibles en el seno de un contrato de trabajo".

Ayer se produjeron las primeras reacciones. El secretario de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Cádiz, Antonio Montoro, calificó como una "buena noticia" para los extrabajadores de Delphi esta decisión judicial. "Demuestra que, en ningún caso, este colectivo tuvo nada que ver con la responsabilidad que se le pedía y es un paso más para dar tranquilidad y dejar claro que el colectivo de exoperarios no tuvo culpa de nada", aseguró.

Esta sentencia es independiente de la que deparará el juicio en el que el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) reclama que se anulen los años cotizados por los extrabajadores de Delphi que siguieron estos cursos remunerados, con lo que quedarían borrados de su vida laboral y del cómputo para su jubilación. Pero el representante sindical cree que esta sentencia ayudará a los extrabajadores en este otro proceso.

En la misma línea, el secretario de acción sindical de USO-Industria en Cádiz, Miguel Paramio, aseguró ayer que "una vez más se pone de manifiesto la no participación del colectivo de extrabajadores de Delphi ni en la concepción ni en la simulación de esa contratación por parte de Fueca bajo el paraguas de la Junta de Andalucía. La sentencia deja clara la actuación lícita del colectivo y el fraude orquestado entre la Fundación y la Consejería de Empleo" .

Por último, Paramio expresó que "ya era hora de que se hiciese justicia a este colectivo después de ser abandonado por la Junta en el año 2012, incumpliendo los acuerdos firmados, y más tarde ser víctimas de un fraude en la formación y terminando en los juzgados".