Un grupo de militantes del Partido Popular de El Puerto han exigido públicamente al presidente andaluz de la formación, Javier Arenas, que tome medidas contra el alcalde de la ciudad, Enrique Moresco, y el concejal Fernando Gago tras haber sido calificados como tránsfugas. En este sentido, reclama que el partido inicie un procedimiento disciplinario contra la primera autoridad de la ciudad así como que se rompa el pacto de gobierno firmado por la formación con el ex edil de IP el pasado mes de octubre (con el que pasó a ser segundo teniente de alcalde de la Corporación Municipal).

Cuando se conoció el informe de la comisión de expertos de la Mesa Nacional contra el Transfuguismo en el que se declaraban tránsfugas a Moresco y a Gago, el PP ya dijo a nivel regional, provincial y local que no tomaría ningún tipo de medida. Esto no ha gustado a un grupo de militantes dentro de la formación que ahora ha hecho pública su disconformidad con esta actitud. Su portavoz, Mercedes Toronjo, explicó ayer que el presidente regional debe explicar a los militantes de la formación los motivos por los que sigue manteniendo a Gago dentro del equipo de Gobierno. La militante señaló que su partido debería cumplir con el pacto antitransfuguismo abriendo el pertinente expediente disciplinario contra Enrique Moresco que debería conllevar su posterior expulsión, tal y como establece este acuerdo de todos los partidos a nivel nacional. En este sentido, recordó que el PP apoyó en la Mesa contra el Transfuguismo que el alcalde y el concejal de Turismo fueran calificados como tránsfugas.

Este mismo grupo de críticos ya mostró su oposición en 2006 a la elección de Moresco como candidato del PP a la Alcaldía. Moresco había sido hasta un mes antes de su elección, y durante 13 años, militante y concejal con delegación en los distintos gobiernos de Independientes Portuenses comandados por Hernán Díaz.

Toronjo incidió en que la falta de actuación disciplinaria tras el dictamen de la comisión estatal es uno de los aspectos que deberá explicar el presidente regional a los militantes. Pero no será lo único. A su juicio deberá también rendir cuentas de la gestión que se está realizando al frente del Ayuntamiento portuense, que calificó "de pena". En esta línea advirtió de que existe una supuesta falta de entendimiento y coordinación entre equipo de Gobierno y partido.

Así, hizo mención de algunas vicisitudes internas que ha sufrido el Gobierno municipal a lo largo de estos últimos meses de las que no se han rendido cuentas al partido. Una de ellas fue la marcha del ex concejal de Medio Ambiente, Ignacio Colón. Se justificó su renuncia en cuestiones personales, argumentación que no es aceptada por este grupo de críticos.

De la misma forma, tampoco fue explicada a la militancia el proceso seguido para la sustitución del edil saliente. Tal y como marcaba la lista electoral que presentó el PP, el llamado a ocupar su lugar era Rafael Orrequia. Éste mostró públicamente su intención de ingresar en el equipo de Gobierno pero días después, de forma sorpresiva, anunciaba su renuncia por motivos profesionales. En su lugar, ocupó el acta de concejal Mariola Tocino, en la que se delegó el Área de Bienestar Social.

En los últimos meses se han producido varias bajas dentro del comité local del PP por discrepancias con la gestión municipal. La primera fue la del ex edil Juan Ramón Castillo. La segunda fue la de Sebastián Salvador quien denunció, además, los numerosos contratos que el equipo de Gobierno ha encargado a una sociedad que dirige Juan José Forte, un empresario local que asesora al alcalde (tal y como reconoció el primer edil) y es asiduo verlo reunido con ediles del equipo de Gobierno.