Puerto Real

La Fiscalía pide 276 años de cárcel para un puertorrealeño acusado de ciberpedofilia

  • El "instinto depredador" del acusado lo llevó a conseguir más de 5.000 fotografías

Agentes de la Policía conducen al detenido a la Comisaría. Agentes de la Policía conducen al detenido a la Comisaría.

Agentes de la Policía conducen al detenido a la Comisaría.

Un joven puertorrealeño, B.C.S., será juzgado el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza acusado de ser un ciberpedófilo "depredador". La Fiscalía, en sus conclusiones provisionales, solicita para él la pena total de 276 años de prisión por numerosos delitos: captación de menores, elaboración y distribución de material pornográfico, amenazas y acoso sexual y obsesivo (grooming y stalking), entre otros. En caso de ser condenado, este vecino de Puerto Real cumpliría, como máximo, 21 años de cárcel, el triple de la pena máxima solicitada (7 años).

Según el fiscal, B.C.S., movido por su "instinto depredador" de carácter pedófilo, consiguió imágenes de contenido sexual de al menos 37 menores de edad y acumuló más de 5.000 fotografías y cerca de 150 vídeos.

B.C.S. se hacía llamar Sara, decía tener 14 años y pedía fotos de contenido sexual a otros menores con los que contactaba, en internet, utilizando plataformas de juegos online. Pero la Policía Nacional descubrió que Sara no era una chica ni tenía 14 años. En realidad era un hombre de 30 años que ya fue arrestado en 2008 por unos hechos muy similares.

Tras su detención en Puerto Real en marzo de 2017, la Policía explicó que a este supuesto ciberacosador reincidente se le intervinieron miles de archivos pedófilos en un almacén virtual. Entonces quedó ingresado en prisión a la espera de juicio.

Reincidente

La investigación del caso que se juzga ahora en la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza se inició a raíz de una denuncia interpuesta por un joven zaragozano, cuya casa incluso visitó el acusado (le envió una foto de la fachada para demostrarle que había estado allí). A partir de las pesquisas policiales practicadas, se identificaron a otras víctimas menores de edad, algunos residentes en Zaragoza y el resto, en distintas localidades españolas.

"Se valía de técnicas de ingeniería social para captar a sus víctimas y lograr que confiaran en él", explicó la Policía en su día. Tras 'ganarse' a los menores, continuaba la relación con ellos en los canales de mensajería instantánea o las redes sociales para que le enviasen "fotografías y vídeos de carácter sexual, enviando él también imágenes del mismo tipo".

Este "ni-ni, ni estudia ni trabaja", como lo definió una fuente policial, tenía antecedentes muy graves. En 2008 las autoridades de Estonia solicitaron su arresto a España, después de que un menor de este país se suicidara por el acoso que sufría por su parte. Tras su detención, el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto Real decretó el 16 de octubre de 2009 su ingreso en prisión provisional. El juzgado le dejó en libertad el 7 de diciembre de 2010, pero continuó la instrucción de la causa abierta contra él, unas diligencias que finalizaron en noviembre de 2011. En un auto el juez acordó entonces que fuera procesado por 48 delitos de utilización de menores para elaborar material pornográfico, 13 delitos de coacciones, dos de abusos sexuales, cuatro de injurias graves, y dos de injurias graves con publicidad.

El juicio fue fijado para junio de 2013, pero tuvo que ser suspendido por las dificultades a la hora de tramitar comisiones rogatorias para localizar a más de 40 testigos en Estonia para que declararan por videoconferencia. "Desde julio de 2013, el Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz solicitó en más de cinco ocasiones a las autoridades de Estonia y a la Interpol su auxilio para localizar a los testigos, con el fin de poder convocar de nuevo la vista oral, sin obtener respuesta", señaló el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Así pues, mientras esperaba ese primer juicio, el supuesto ciberacosador quedó en libertad y siguió haciendo lo mismo, reclamando esta vez el contacto con niños españoles.

Además del seudónimo de Sara, el procesado tenía otra identidad falsa, la de un joven nórdico, Vika, con la que era usuario de juegos por internet. Registrado con este perfil, el encausado pedía a los chicos imágenes sexuales a cambio de recompensas en los juegos o dinero. En ocasiones los amenazaba con difundirlas o con piratearles las cuentas para que no dejaran de enviarle imágenes de índole sexual. También creó un grupo de WhatsApp, con hasta 87 usuarios, en el que entre conversaciones de videojuegos iba colando contenido pornográfico.

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