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Tribuna

Francisco J. Ferraro

Miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly

Políticas frente a la crisis (I): Contención

Minimizar la destrucción del tejido productivo y contener la pérdida de rentas de los colectivos afectados han sido los objetivos compartidos por los gobiernos

Políticas frente a la crisis (I): Contención Políticas frente a la crisis (I): Contención

Políticas frente a la crisis (I): Contención / rosell

A estas alturas del estado de alerta somos conscientes de que las medidas restrictivas y de confinamiento adoptadas para combatir la epidemia del coronavirus van a provocar un profundo impacto económico. Una recesión que ya percibimos en forma de aumento del desempleo, cierres de empresas y otros indicadores que auguran una histórica contracción económica en este año. Por ello, los gobiernos y los bancos centrales están tratando de frenar los efectos depresivos, en la convicción del carácter temporal de la crisis, tomando medidas con dos objetivos: minimizar la destrucción de tejido productivo y contener la pérdida de renta de colectivos afectados por la crisis y otros sectores vulnerables. A diferencia de la crisis de 2008, esta vez la respuesta de la política económica ha sido rápida y contundente. Sin los programas fiscales que han puesto en marcha los principales países europeos y Estados Unidos para mantener la liquidez, aplazar impuestos, facilitar los ajustes de empleo o mantener ingresos, las suspensiones de pagos habrían transformado la crisis de liquidez en una crisis de solvencia, y la crisis social podría llegar a extenderse en forma de hambrunas y revueltas.

En consecuencia, existe una elevada coincidencia de la oportunidad de estas políticas de contención y para ello se afirma que "habrá que gastar lo que haga falta". Pero esta epidemia será temporal, la superaremos, y habrá un mañana, por lo que sería poco sensato actuar sin tener en consideración un futuro en el que tendremos que pagar las deudas, mantener el Estado del bienestar y un nivel satisfactorio de renta para consumir e invertir. Precisamente por ello, tenemos que tener en consideración que el insuficiente esfuerzo de consolidación fiscal de España en la fase reciente de recuperación económica ha determinado que esta crisis nos haya sorprendido con un elevado déficit y deuda púbicos, de forma que cuando se adoptaron las primeras medidas de gasto los mercados financieros respondieron con un rápido aumento de la prima de riesgo, frenado por el auxilio del Banco Central Europeo. Según las estimaciones del Banco de España, con el aumento de los gastos aprobados y la caída de la recaudación, el déficit público en este año podría alcanzar el 11% del PIB y la deuda pública el 122%, lo que supondría un gasto anual por intereses de la deuda superior a 40.000 millones de euros este año.

En consecuencia, debe tenerse en consideración las importantes restricciones financieras, porque habrá que gastar lo que haga falta… pero sólo lo que haga falta; es decir, que las actuaciones de emergencia deben dirigirse a los objetivos precisos para los que han sido concebidas, evitando desviaciones, pues ya se han observado comportamientos indeseados, como la aplicación de las medidas de liquidez a refinanciar créditos existentes, o ERTE de empresas que no los necesitan. En particular, no deben de confundirse las ayudas a las empresas con las políticas sociales, pues mientras estas atienden las necesidades vitales de personas, las ayudas a empresas tienen como fin posibilitar la supervivencia de aquellas transitoriamente afectadas por la crisis sanitaria y por las medidas restrictivas. Además, las medidas de emergencia deben tener un carácter temporal claramente establecido. Y, por otra parte, sería ilegítimo que, aprovechando el estado de alerta y el actual estado de ánimo, se adoptasen reformas estructurales que no son ampliamente compartidas por las fuerzas políticas y que serían de difícil reversión en el futuro.

En otro orden de cosas, debe valorarse que el impacto económico de la crisis está reduciendo las rentas de gran parte de los españoles. En particular, de empresarios, autónomos y empleados cuyas actividades se encuentran paradas o sensiblemente disminuidas. No obstante, algunos colectivos las mantienen estables, como los pensionistas, los empleados públicos, las rentas fijas de inmuebles o las de la mayor parte de los altos directivos de grandes compañías. Razonable sería demandar la reducción temporal de los ingresos de estos colectivos para repartir la carga provocada por el shock externo, si bien es un esfuerzo que no se le debe pedir a los pensionistas con ingresos más bajos, ni a los empleados públicos que siguen trabajando con la misma o mayor intensidad (singularmente sanitarios y cuerpos de seguridad del Estado), ni a los propietarios de inmuebles que han reducido voluntariamente los alquileres a sus inquilinos.

En conclusión, las medidas de contención adoptadas para limitar los efectos de la crisis han sido oportunas y deberán de mantenerse mientras sea necesario, pero hay que ser conscientes de sus implicaciones financieras y, en consecuencia, aplicarlas con rigor, eficacia y eficiencia.

Este artículo se completará con el de mañana, en el que se expone una propuesta de política de recuperación económica para Andalucía.

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