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Una ley de consenso

En unos momentos de gran crispación política, destaca la aprobación de la ley de protección de la infancia por la mayoría de los partidos de derecha e izquierda

El Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves el proyecto de ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, la llamada también Ley Rhodes (en honor al pianista James Rhodes, víctima de abusos durante su infancia). En unos tiempos en los que la crispación política -especialmente espoleada estos últimos días por las elecciones autonómicas de Madrid- hace inviable cualquier acuerdo entre los partidos derecha e izquierda, llama la atención el amplio consenso que ha alcanzado dicha ley. En concreto, la ley de la infancia ha contado con 268 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG), 57 en contra (Vox y PNV) y 16 abstenciones (PdCat y EH Bildu). Son muchas las novedades que incluye el nuevo texto, que intensifica notablemente la protección de los menores ante los abusos sexuales y la violencia en general. Entre éstas destacan la ampliación del plazo para iniciar la prescripción de los delitos de abusos hasta que la víctima cumpla 35 años, la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), la obligación de utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años, y la obligación de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia. Es importante resaltar que algunas de estas cuestiones, como la eliminación del SAP, provocan no pocos y agrios debates, lo que hace aún más destacable el amplio consenso alcanzado. La mayoría de los partidos han sabido aparcar sus diferencias para lograr un bien mayor. Los menores que sufren violencia y abusos soportan el resto de su vida graves problemas psicológicos que lastran su vida afectiva y social. Pero sería deseable que se aprovechase la próxima aprobación de la ley en el Senado para limar algunas asperezas de la misma, como el polémico artículo 39, que recoge la condición del personal de servicios sociales de agentes de la autoridad, por el que se les autoriza a decidir una intervención policial en caso de urgencia sin necesidad de recurrir al juez, algo que plantea muchas dudas y reticencias.

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