El Gobierno bolivariano de Venezuela sigue coqueteando con el desastre. A la tremenda crisis de empobrecimiento, carestía y desabastecimiento que vive el país, se ha sumado en los últimos tiempos el uso sistemático de la violencia policial y parapolicial para intentar frenar la oleada de protestas de una oposición cada vez más movilizada ante la evolución autoritaria de un Ejecutivo que continuamente recorta derechos y pisotea a las instituciones democráticas del país americano. La discordia civil está llegando a cuotas insuperables, con decenas de muertos en las manifestaciones, y si aún no hay que lamentar un enfrentamiento militar de consecuencias imprevisibles es porque el Ejército, duramente purgado por el chavismo en los últimos tiempos, sigue manteniéndose fiel al régimen bolivariano.

Ayer, Venezuela dio un paso más hacia el abismo. Grupos chavistas violentos, jaleados nada más y nada menos que por el vicepresidente de la nación, asaltaron el Parlamento elegido democráticamente y, ante la más absoluta pasividad policial, hirió a varios de los diputados que en ese momento asistían a una sesión solemne en conmemoración de los 206 años de la declaración de independencia del país. Estos hechos hay que entenderlos como una maniobra más del Gobierno de Nicolás Maduro -un político cuya incompetencia sólo es comparable a sus tics autoritarios- para amedrentar a un poder legislativo que no controla desde que en las elecciones de diciembre de 2015 la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática obtuvo la mayoría absoluta. Hasta el momento, Maduro y los chavistas han intentado todo tipo de estratagemas para desactivar al Parlamento venezolano, desde obligar al Tribunal Supremo a declararlo en desacato, hasta negarse a participar en cualquiera de sus eventos. Sin embargo, lo de ayer fue un paso cualitativo importante. Azuzar a un grupo de supuestos incontrolados a violar la sede parlamentaria y agredir a los diputados es demostrar un peligroso desprecio a la institución más sagrada de una democracia. A esto hay que sumar los ataques que, desde hace días, sufre la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a la que, para castigar su independencia, pretende anular económica y civilmente.

En esta cuestión no hay gamas grises. O se está con la democracia o se está contra ella. El régimen chavista ha vuelto a dar a un paso que acerca a Venezuela al abismo. Sus consecuencias pueden ser imprevisibles.