Una decisión necesaria para Europa

La Comisión Europea ha dado un giro que muchos consideran pragmático: sustituir la prohibición de vender coches con motores de combustión a partir de 2035 por un objetivo ambicioso de reducción de emisiones. No es una renuncia al Pacto Verde, sino una reformulación de sus plazos que atiende a la realidad industrial y geopolítica del continente. Europa estaba perjudicando sus propios intereses al imponer una restricción que, lejos de acelerar la transición, amenazaba con desmantelar parte de su tejido productivo y abrir aún más la puerta a la competencia asiática. La industria automovilística europea no es un sector cualquiera: representa el 7 % del PIB europeo y cerca de 13,8 millones de empleos directos e indirectos. Forzar un cambio radical sin garantizar las condiciones para que las fábricas y los trabajadores puedan adaptarse habría sido un error estratégico. Bruselas ha entendido que la sostenibilidad no puede construirse sobre el colapso industrial. El nuevo marco mantiene el objetivo final –descarbonizar la movilidad–, pero lo hace con una visión más realista, que incorpora avances tecnológicos y combustibles renovables, y que apuesta por incentivar los eléctricos pequeños fabricados en Europa. España ha defendido mantener la prohibición de 2035, una posición legítima desde la óptica climática, pero incompleta. Las decisiones ambientales no pueden supeditarse a costa de todo, ignorando el impacto económico y social. La transición energética exige equilibrio: reducir emisiones sin sacrificar competitividad ni empleo. Bruselas ha optado por ese camino intermedio, que preserva la ambición climática y refuerza la autonomía industrial europea. Este ajuste no es un retroceso, sino una estrategia más inteligente. Europa sigue comprometida con la descarbonización, pero lo hará sin hipotecar su futuro productivo. Porque liderar la transición verde implica también garantizar que la industria europea tenga un mañana que sea productivo y rentable.