Todas las administraciones públicas, empezando por el Ministerio de Industria y la Junta de Andalucía, que han dicho respaldar el proyecto del Velocípedo que se iba a fabricar en la Zona Franca, están obligadas a dar explicaciones tras la espantada de Torrot. Después de incumplirse todos los plazos previstos, no por esperado, el carpetazo definitivo a la inversión ha dejado de ser un escándalo mayúsculo a los ojos del contribuyente. La dirección de la compañía justificó este jueves su decisión por el incendio que sufrió en mayo pasado en su planta de Gerona, lo que le restó, obviamente, capacidad financiera y de producción. Pero también apuntó sin tapujos a una falta de apoyo institucional mayor, porque, tras solicitar 4,2 millones de euros a fondo perdido a la Junta, finalmente la Agencia IDEA decidió no respaldar el plan, esgrimiendo que el margen de financiación pública excedía del 75%. La inversión total ascendía a unos 12 millones y no hay que olvidar que Industria avaló la financiación con un crédito blando de 8,5 millones. Por todo ello, lo que también estaba por ver es hasta dónde se iba a comprometer la empresa.

Torrot desliza ahora que la Generalitat ha acogido el proyecto con mucho más entusiasmo, por lo que tanto la inversión como los empleos prometidos, en caso de existir, han volado. Y lejos de tratar de llegar al fondo de la cuestión, PP y PSOE se dedican a lanzarse los trastos a la cabeza denunciando la falta de compromiso del adversario con el proyecto. Si Industria concedió las ayudas y la Zona Franca adecuó las instalaciones en tiempo récord, invirtiendo millón y medio de euros, lo primero que cabe interpretar es que el proyecto era sólido. Pero tras argumentar la Junta que no podía sumar ni un euro más a la iniciativa, dando a entender que ninguna iniciativa de este calado se puede financiar casi en exclusiva con fondos públicos, lo que está por resolverse es si la compañía contaba con los avales suficientes. En caso afirmativo, la Administración queda en evidencia por dejar escapar una nueva oportunidad para relanzar la industria de la Bahía. Y si el proyecto era humo, el caso es aún más preocupante, porque quedaría patente la falta de seriedad en el seguimiento de este tipo de aventuras, que más bien parecen florecer en el ambiente al calor de las subvenciones públicas. Si Torrot pretendía financiar la instalación de la fábrica en Cádiz con fondos públicos, la Administración ha tardado demasiado en darse cuenta. Y no será porque no estábamos curados de espanto en esta Bahía y, curiosamente, con los mismos fondos Reindus en el centro de la decepción.