El grupo socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que no piensa aguantar ni un grito más de la alcaldesa en los plenos. Plenos ordinarios, naturalmente. Dicen los Román y compañía que están hartos de que los traten como niños o como soldados y que adoptarán las medidas que estimen oportunas según cada momento. Y contesta la alcaldesa, ya lo hizo en el último pleno, que ese es su tono de voz, de siempre. Que si les gusta bien y si no, también. Así que no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar la próxima vez. ¿Acudirán los socialistas a los plenos con un medidor de decibelios? ¿Llamarán a una pareja de la Policía Local para que mida el volumen del discurso de Teófila Martínez como si del ruido de una moto o de una discoteca se tratase? Y, una vez medido, ¿dónde se situará el nivel de lo políticamente aceptable? ¿0,5 decibelios? ¿10? ¿40? ¿100? ¿Dónde se sitúa la frontera entre hablar en voz alta y gritar? He buscado en los manuales de oratoria y no viene nada de eso. Estamos ante un asunto que requiere una ordenanza municipal reguladora del volumen de la voz de los representantes públicos. Habría, por tanto, que crear una comisión municipal especial, con participación de miembros de todos los partidos políticos representados en el Ayuntamiento, así como de técnicos y expertos en audiometría (independientes, por favor) para que elaborase esa ordenanza, acorde con estos tiempos en los que se lleva hablar muy bajito, y si no, vean y escuchen la mayoría de los anuncios de televisión que se emiten en estos tiempos, que casi son un susurro (“autoemoción...”) La duda es si esa comisión llegará a buen puerto o terminará a gritos.