Tribunales Condenado en Cádiz por insultar a su cuñado a través de mensajes y audios

No soy de los -muchos- que creen que el Gobierno lo ha hecho todo mal en la gestión de la crisis del coronavirus. Y comprendo que algunos de sus errores proceden de la singular gravedad y rareza de la pandemia, fuente de improvisaciones y rectificaciones y origen de numerosos cambios de rumbo y bandazos en la política anticrisis.

Lo que sí resulta rotundamente rechazable es la opacidad con que se ha conducido todo este tiempo. La falta de transparencia que explica que no sepamos todavía el número de víctimas mortales del Covid-19 ni cuántos de los 23.000 fallecidos desde julio por encima de los de años anteriores se deben al virus. Que hayamos tardado meses en saber de la necesidad de ponerse mascarillas. Que aún hoy ignoremos quiénes son los expertos que aconsejan al Ministerio de Sanidad.

Esto no lo digo yo, sino el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha pedido informaciones al ministro Illa en 17 ocasiones desde marzo y en 15 de ella solamente ha recibido silencio. Y no es que haya preguntado por tonterías: reuniones del ministro, encuentros de Fernando Simón -ex santo laico-, expedientes de compras de material sanitario, actas de comités de expertos, cuarentenas de miembros del Gobierno y diversos datos estadísticos.

El Gobierno ha faltado estrepitosamente a su deber constitucional de garantizar el derecho al acceso de los ciudadanos a la información pública. Por no informar no ha informado ni al organismo gubernamental que se encarga de instrumentar ese derecho. Ha actuado en plan despotismo ilustrado (más bien iletrado, según de qué ministros hablemos): todo lo hacemos por el bien del pueblo, pero sin informar al pueblo, que es menor de edad y necesita sentirse protegido en su ignorancia.

Hay errores de las autoridades políticas y sanitarias que son, como digo, comprensibles o explicables, pero éste de la ocultación es imperdonable. Porque se comete deliberadamente. No es un fallo involuntario, sino una falta buscada que responde a una política planeada: no decir nunca toda la verdad, bien porque resulte molesta, incómoda, desmoralizante,o deje en mal lugar a los gobernantes. Ahora bien, no decir toda la verdad equivale a mentir y, si se hace voluntariamente, a engañar.

La opacidad añade un plus de maldad a la tragedia del coronavirus. Uno más.

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