SE ha formado un buen lío tras la entrevista del lunes entre el presidente del Gobierno y el de la Generalitat. Hace tiempo que las relaciones entre Cataluña y el resto de España se encuentran en estado de tensión continua. A los gobernantes catalanes se les mira con lupa y ellos excitan bastante la alerta de los demás por su empeño en ser distintos, y en exigir distinto trato.

Zapatero y Mas, que trataban de restaurar una amistad política que se rompió en los terrenos pantanosos del Estatut, dieron pie al barullo por su inconsecuencia informativa. Mas salió de la cumbre anunciando que había logrado su objetivo de que el Gobierno autorizara a Cataluña una emisión de deuda para aliviar el estado de asfixia en que se encontró la Generalitat heredada del tripartito, mientras que ni Zapatero ni ningún ministro ofrecieron su versión de lo tratado y acordado.

Fallo de comunicación que provocó la inmediata reacción en cadena de las demás comunidades autónomas. Hasta nueve de ellas, incluyendo dos gobernadas por socialistas, se pronunciaron frontalmente en contra del permiso que, según Mas, había obtenido Cataluña para emitir deuda. ¿Por qué? Por agravio: se había aceptado, dentro de las medidas nacionales para el control del déficit establecidas en la ley de estabilidad presupuestaria, que ninguna autonomía que vulnerase el compromiso de reducción con respecto a su PIB pudiera echar mano de una emisión de deuda, debiendo poner en marcha ajustes y recortes que en algunos sitios, como Murcia, han generado tensas movilizaciones de los funcionarios afectados. La excepción catalana no era aceptaba. Ni aceptable.

De modo que Zapatero tuvo que hacer ayer lo que no hizo, y debió hacer, el mismo lunes: aclararse. No ha habido trato de favor ni rectificación de la política financiera, vino a decir. Se mantiene, pues, la doctrina oficial de que cualquier comunidad autónoma que pretenda acogerse al recurso del endeudamiento tendrá que cumplir el compromiso de reducir el déficit al 1,3% en el año 2011, ingresando más o gastando menos (más bien esto último). Lo que ocurre es que Cataluña ha presentado un plan de consolidación fiscal que, una vez concretado, haría que el Ministerio de Economía y Hacienda accediese a autorizarle las operaciones de emisión de deuda. Lo mismo que pasará con las restantes autonomías, según Zapatero.

En conclusión, que Artur Mas dio por conseguido un objetivo que, en la versión del Gobierno, sólo está en camino de conseguir si cumple los requisitos. Falta por saber qué piensa Mas de esta explicación. Si el presidente de la Generalitat llegó a otras conclusiones, el lío puede ser aún mayor. Tensión continua.