SIN margen para la sorpresa, el Parlamento de Andalucía constituyó el pasado jueves la comisión de investigación del supuesto fraude en la concesión de ayudas para cursos de formación bajo la presidencia de Julio Díaz, uno de los nueve parlamentarios de Ciudadanos, gracias a que éste tuvo el apoyo también de los representantes del PSOE, en una reedición de la mayoría que permitió desbloquear la elección de la presidenta de la Junta. Los cinco grupos con representación en el antiguo hospital de la Cinco Llagas tienen ahora un plazo, hasta el próximo martes 13 de octubre, para presentar sus propuestas de comparecencias, que se iniciarían una semana después, el 20 de octubre. La investigación política de qué ocurrió en anteriores legislaturas con la concesión de ayudas a la formación no sólo es pertinente sino además una oportunidad para el Parlamento de Andalucía de demostrar que tiene un papel útil que desempeñar en el esclarecimiento de estos supuestos fraudes, al margen del ámbito judicial, que ha de delimitar si hay reproches penales que hacer y a quién. El Parlamento tiene la obligación, y de ahí la pertinencia de la comisión, de indagar y conocer qué se pudo hacer mal en la convocatoria, concesión y control de las subvenciones a la formación de desempleados, con el objetivo de corregir los procedimientos y evitar que se repita el fracaso que ha desembocado en una causa penal y en un innegable escándalo político. Porque uno de los principales objetivos ha de ser también crear las condiciones para que la formación, tan necesaria para luchar contra la altísima tasa de desempleo, no siga suspendida. De las sesiones de la comisión podría emanar un nuevo sistema que garantice la realización de cursos con controles rigurosos y transparencia, de cara a que el dinero público empleado en esta tarea cumpla su función de forma eficiente. Sin embargo, los antecedentes no son esperanzadores. En primer lugar por el rotundo fracaso de la comisión que en la pasada legislatura investigó el fraude de los ERE. Y en segundo, porque el clima político actual del Parlamento no invita al optimismo. Y menos cuando los trabajos se desarrollarán en la precampaña y la campaña de las elecciones legislativas españolas. Llamamos por ello a todos los partidos a que hagan un ejercicio de responsabilidad alejado de sus inmediatos intereses electorales y trabajen en pos de un esclarecimiento útil más que en un instrumento de presión política al adversario. La petición de comparecencias que han de cumplimentar dará idea de si la representación actual está a la altura de los andaluces que demandan transparencia real y no un ajuste de cuentas, sin que ello evite que queden establecidas las oportunas responsabilidades políticas.