Los fiscales apremian en el caso ERE

LA comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso le permitió expresar dos preocupaciones que nos afectan: la Justicia es exasperantemente lenta y los macroprocesos son en general perjudiciales porque su instrucción se prolonga en exceso hasta el punto de provocar la prescripción de los delitos investigados y estigmatizar a los ciudadanos que permanecen imputados durante años. Las dos deficiencias se pueden observar en el caso de los ERE, el mayor escándalo de corrupción política descubierto en Andalucía. Después de varios años de instrucción, y con de ciento setenta imputados, el sumario no parece concluir nunca. Partiendo de la innegable complejidad del caso y de que la labor de la juez Mercedes Alaya merece elogios por su esfuerzo y tenacidad, lo cierto es que su talante personalista está perjudicando la instrucción. No ha aceptado compartir su trabajo con otros jueces, ha hecho caso omiso de las posiciones de los fiscales Anticorrupción personados como representantes del interés público, ha sido contradicha varias veces por la Audiencia Provincial (por no detallar las imputaciones de algunos de los implicados haciéndoles acusaciones genéricas, insuficientemente motivadas, o por mantener en prisión a un ex consejero) y se ha negado rotundamente a desprenderse de la parte de la instrucción que afecta a varios ex altos cargos de la Junta que tienen la condición de aforados y, por tanto, tendrán que ser imputados por un tribunal superior. Algo parecido ocurre con los dos ex presidentes andaluces, a los que ha comunicado su condición de "preimputados" e invitado a comparecer y defenderse por iniciativa propia. En los últimos días la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedirle que deje de investigar al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, igualmente aforado. Hasta ahora Alaya no ha respondido a los apremios de la Audiencia ni de la Fiscalía. Y la instrucción se alarga.