LA Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ido retrasando en las últimas semanas la decisión sobre el reparto de las macrocausas en el juzgado que hasta hace poco dirigía la juez Mercedes Alaya y del que se ha hecho cargo la nueva titular, María Núñez Bolaños. Lo ha retrasado tanto que incluso la cuestión puede abordarse en la reunión del próximo 21 de agosto, la única que la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces celebra en verano y que, por lo general, suele reservarse para temas urgentes. La profunda división interna que este asunto ha provocado entre los vocales se ha visto agravada con las durísimas y desafortunadas críticas que Alaya realizó sobre la preparación de su sucesora para hacerse cargo de las macrocausas y su amistad, más o menos real, con el consejero andaluz de Justicia, el que durante años fuera fiscal en la Audiencia de Sevilla Emilio de Llera. Alaya nunca debió utilizar esos argumentos extrajurídicos en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial como alegato para defender que es esta instructora la que debe seguir con la instrucción de las tres macrocausas que aún se investigan en el juzgado sevillano: el caso de los ERE fraudulentos, las irregularidades en los cursos de formación y el sumario de los avales y préstamos de la agencia IDEA. Al hacerlo, cruzó una línea que un magistrado nunca debe pasar y provocó una reacción firme de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía(TSJA), que subrayó precisamente que esas afirmaciones de Alaya están totalmente fuera de lugar y, en consecuencia, pidió al Consejo valorar la "evidente falta de voluntad" de Alaya de cumplir el objetivo de colaboración con la nueva titular del juzgado, María Núñez Bolaños, la juez natural predeterminada por la ley y elegida por los criterios del escalafón de la carrera judicial para continuar las investigaciones en el juzgado sevillano. Sea cual sea la decisión que finalmente adopte la Comisión Permanente del Consejo, no debe olvidarse nunca la extraordinaria labor que Alaya ha realizado en su lucha contra la corrupción en Andalucía, de un lado, pero tampoco debe pasar desapercibido que fue la propia juez Alaya la que voluntariamente se apartó de estas investigaciones cuando solicitó una plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla, de otro. No hay ninguna campaña desde los órganos de gobierno de los jueces para apartar a la juez Alaya de los sumarios que han puesto en jaque al Gobierno andaluz y por los que están siendo investigados dos ex presidentes de la Junta. Lo que no se puede hacer es estar en misa y repicando.