Editorial

El "desmesurado" caso de los ERE

LA Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Audiencia Provincial de Sevilla un recurso cuyo contenido viene a impugnar en la práctica alguno de los criterios que la juez instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, utiliza en la dirección de las diligencias del escándalo de corrupción más grave descubierto en Andalucía. La juez había atendido la petición de la defensa de un alto cargo imputado de que se solicitara al Parlamento autonómico y a la Cámara de Cuentas una ampliación de la documentación requerida sobre las ayudas investigadas a empresas en crisis por parte de la Consejería de Empleo. Alaya justificaba en su auto esta solicitud en que pretendía "mantener el adecuado equilibrio entre la admisión de otras pruebas que pudieran ofrecer un resultado incriminatorio, pues la labor de este juzgado está dirigida a conocer la realidad de los hechos. Los dos fiscales Anticorrupción que llevan el caso de los ERE responden con contundencia en su apelación: "Las diligencias de instrucción no deben de guardar o ir dirigidas a la búsqueda de un equilibrio, sino a la necesaria pertinencia en relación a la determinación de los hechos que se investigan y de las personas que hayan podido participar en los mismos". Con ello intentan alertar expresamente contra "el crecimiento desmesurado y no justificado" del volumen de la causa, en la que ya existen 199 imputados y que acumula ochenta mil documentos, y concretan lo que ha de ser objetivo fundamental de la instructora: diligencias destinadas a determinar la participación de personas y entidades en la percepción presuntamente ilícita de los fondos públicos para que no se dificulte el reintegro de las cantidades indebidamente recibidas. De este modo, el Ministerio Público advierte sobre la necesidad de tener en cuenta los plazos de prescripción de delitos, que son estrictamente individuales, relativos a cada persona imputada, "no pudiéndose hablar de un plazo de prescripción general para toda la causa y común para todos los imputados". Los argumentos esgrimidos tienen un gran valor por su carácter netamente jurídico y por proceder del órgano encargado de velar por la legalidad y el interés público. Pero es obvio que cuestionan los modos de instrucción de la juez Mercedes Alaya, no en su contenido esencial de esclarecimiento del escándalo y la delimitación de las responsabilidades penales de los implicados, del nivel que sean, sino en cuanto a su pretensión de incoar una causa general a todas las instituciones políticas, los ritmos de su investigación y la negativa a cerrar diligencias que afectan a personas aforadas y que, en consecuencia, le obligarían a perder su jurisdicción sobre el caso.

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