El buenismo y la política tantas veces de cara a la galería del gobierno municipal han convertido el pleno del Ayuntamiento de Cádiz en un auténtico circo. Las constantes protestas de los vecinos han obligado en los últimos tiempos a suspender las sesiones ordinarias en repetidas ocasiones, siendo necesaria la intervención de la Policía Local algunas veces. El alcalde, José María González, ha sido incapaz hasta ahora de mantener el orden y ayer llegó incluso a abandonar su sillón por unos minutos, impotente ante una situación tan dantesca que se le fue de las manos por completo. Lo más grave es que un militante de Podemos, que iba en la candidatura de González Santos en las últimas elecciones municipales, llegó a increpar al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, cuando su grupo se negó a aprobar el Presupuesto Municipal. Tan violenta se volvió la escena, que el líder del PSOE de Cádiz denunció los hechos en Comisaría por amenazas e insultos graves. La participación y la libertad de expresión no se pueden confundir en ningún caso con las calumnias y los insultos.

Los ciudadanos que así lo deseen están en su derecho de acudir como parte del público a los plenos, pero esto no les otorga facultades para intervenir a viva voz cuando les parece oportuno. La esperpéntica situación viene de largo y el alcalde es el máximo responsable de mantener la normalidad durante la sesión como presidente de la Corporación, sobre todo entre las filas de su propio partido. Ayer, por el contrario, en lugar de imponer su autoridad, se vio superado y actuó más bien como un profesor que trataba de calmar a sus alumnos, perdiendo el control de la sesión por completo. Por muchas reuniones que se celebren ahora entre todos los grupos para tratar de enderezar el rumbo de los debates plenarios, si la máxima autoridad no tiene claro los límites que no se pueden sobrepasar en ningún caso, todo esfuerzo resultará inútil. Hoy por hoy, resulta inaceptable que los legítimos representantes de los gaditanos -sean del color político que sean- acudan al Ayuntamiento a defender sus distintas posiciones y propuestas temerosos de que en cualquier instante sean insultados por el público. El problema es muy serio y no basta con condenar los hechos y mandar a callar a los alborotadores. Ya hace tiempo que el gobierno local tendría que haber adoptado medidas para evitar que en lo sucesivo se siga alterando el orden de las sesiones plenarias con la facilidad con la que hoy es posible. De lo contrario, el pleno se volverá ingobernable en tiempo récord.